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Deuda Externa ¿Quién debe a quien?
por OMAL
5 de julio de 2005

Adital - Durante los años 1999 y 2000 el mundo entero se movilizó a favor de la cancelación de la deuda de los países empobrecidos del planeta.
La campaña del Jubileo 2000 consiguió en 1999 más de 20 millones de firmas de los cinco continentes, que presentó ante el G8 en la cumbre de Colonia para exigir la cancelación de la deuda externa. Además, la cancelación de la deuda externa ha sido un tema constante en las contracumbres del movimiento alterglobalización (Seattle, Washington, Praga y posteriores)

En marzo del año 2.000 la RCADE (Red por la Abolición de la Deuda Externa) realizó una consulta popular en el estado español donde alrededor de 1.000.000 de personas se posicionó a favor de la abolición de la deuda externa de los países más empobrecidos. 5 años después el problema no sólo no se ha solucionado sino que se ha agravado.

Este es el motivo por el que se lanza la campaña ¿quién debe a quien? para entre otras cosas exigir al gobierno la realización de una auditoría interna y generar un debate social en torno a las consecuencias de la inversión española en el extranjero.

La deuda externa es el dinero que deben los países del Sur a los países del norte, a los bancos y a las Instituciones Financieras Internacionales (FMI, BM) como consecuencia de los préstamos que sus gobiernos recibieron en el pasado y a los que no pueden hacer frente en la actualidad. Este instrumento financiero, que se viene usando desde mitad del siglo XX, cobra especialidad intensidad a partir de los 70.

Si bien los dineros prestados no han aliviado la situación de estos países, los acreedores si han engordado sus cuentas gracias a los intereses que la deuda reporta y debido a su utilización como una vía de promoción de las exportaciones y de búsqueda de nuevos mercados para las empresas de los Países del Norte a través de instrumentos como las pólizas de seguro CESCE o los créditos FAD (contabilizados como ayuda al desarrollo). Pólizas y créditos que en muchos casos no se sustentan en ninguna garantía de transparencia y control de corrupción, ni están destinados a promover el bienestar y pleno desarrollo social de los pueblos a los que fueron concedidos.

No olvidemos las graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales que han supuesto los Planes de Ajuste Estructural (PAEs) impuestos en estos países por FMI y BM para conceder estos préstamos, desequilibrios económicos que afectan de manera especial a las mujeres o la deuda ecológica contraída por los Países Industrializados con el resto a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar residuos.

El pasado 8 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de una «ley reguladora del tratamiento de la deuda externa.» Este texto recoge entre otros aspectos, que los principios fundamentales que deberán inspirar la política de tratamiento de la deuda externa son los de transparencia, coordinación administrativa y fomento de la participación de la sociedad civil. Asimismo dicha propuesta de Ley obliga legalmente a ejercer una política de cancelación o conversión de la deuda para todos aquellos países con un grado de desarrollo humano bajo o medio, según el criterio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), previo compromiso de los países beneficiarios a destinar las cantidades condonadas a la reducción de los niveles de pobreza. En base a dicho redactado el 26 de abril los distintos grupos parlamentarios presentaron un total de cuarenta y tres enmiendas. Éstas deberán ser aprobadas, modificadas o desestimadas en las próximas semanas en la Ponencia que se creará en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español.

Desde los diferentes movimientos sociales se han oído voces solicitando a los gobiernos y a los organismos internacionales que los efectos que provoca la deuda sean tenidos en cuenta y, que se busquen formulas para eliminar la utilización de este mecanismo financiero dado las perversas consecuencias que tiene para los Países en Desarrollo. Sin embargo los Países del Norte no escuchan. En la próxima cumbre del G-8 en Gleneagles (Escocia) que tendrá lugar del 6 al 8 de Julio, las propuestas lanzadas desde los países del Sur y desde los movimientos sociales quedarán fuera de la reflexión. El G-8, que representa la unión de los países más fuertes frente al resto del mundo y cuyas decisiones se imponen en el panorama político y económico mundial a través de su presencia y poder de decisión en los organismos internacionales, continua con sus pretensiones de gobernar el mundo en beneficio de unos pocos.

Por todo ello se lanza la campaña «¿Quién debe a quien?», cuyos objetivos son:

1. Fomentar la participación ciudadana y trasladar la idea de corresponsabilidad, tanto en las causas de la deuda externa, como en la búsqueda de soluciones.

2. Denunciar la ilegitimidad de la deuda externa. No nos deben, sino que nosotros debemos a los países empobrecidos, tanto en el plano económico, como en el social, político y ecológico.

3. Denunciar la perversión del mecanismo de la deuda externa como instrumento de dominación Norte-Sur, con graves repercusiones sociales y ecológicas y que impide el desarrollo de estos países.

4. Exigir al gobierno, mediante presión política, la realización de una auditoría interna de la legitimidad de la deuda bilateral, la cancelación de la deuda pública y la desaparición de los mecanismos que la generan.

5. Generar debate social en torno a las consecuencias de la inversión española en el extranjero.

Se exige al gobierno español:

1. La abolición de la deuda externa de los países cuando su pago ponga en peligro la vida de sus ciudadanos e impida la satisfacción de sus necesidades básicas (soberanía alimentaria, educación, salud, vivienda digna...).

2. La moratoria, sin acumulación de intereses, en el cobro de la deuda de los 82 países deudores del estado español con el fin de realizar Auditorías Pública Integrales.

3. La realización de Auditorías Públicas Integrales de la deuda de los 82 países deudores del estado español con el objeto de determinar la legitimidad o ilegitimidad de la deuda exigida.

4. La abolición inmediata e incondicional de todas las deudas ilegítimas.

5. La demanda de restituciones y responsabilidades judiciales a aquellas personas y/o instituciones que permitieron, fomentaron e hicieron uso de créditos ilegítimos.

6. La utilización del mecanismo de conversión de deuda únicamente para aquellos casos en que esta sea considerada como legítima en el proceso de Auditoría Pública Integral. Siempre y cuando esta opción sea aceptada de forma coordinada tanto por la sociedad civil del país deudor como por su gobierno.

7. La eliminación de los créditos FAD como instrumento de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), el completo rediseño o eliminación de CESCE, la no contabilización de la cancelación de la deuda como AOD, y la desaparición de la exigencia de garantía soberana.

8. La no utilización de los mecanismos públicos de apoyo a la exportación para impulsar actividades de transnacionales españolas que comporten impactos ambientales y sociales negativos en los países empobrecidos. El establecimiento de mecanismos públicos de control, evaluación, denuncia y asunción de responsabilidades.

9. El reconocimiento de la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos, el establecimiento de mecanismos para su restitución y la aplicación de políticas que eviten una nueva generación.

10. El impulso, en el marco internacional, de auditorías públicas integrales tanto de la deuda multilateral como de la privada, la exigencia de responsabilidades y restituciones a aquellos que permitieron la generación de deudas ilegítimas y se aprovecharon de ellas, así como la inmediata abolición de todas ellas.

11. El establecimiento de mecanismos que aseguren la gestión transparente de la deuda bilateral.

Demandamos en particular la creación de una comisión parlamentaria permanente sobre deuda con la participación de la sociedad civil, y la elaboración y discusión en el plenario del parlamento de un Informe Público Anual sobre la gestión de la deuda.

Toda la información del artículo se ha obtenido de las páginas www.quiendebeaquien.org y www.debtwatch.org

* Observatorio de Multinacionales en America Latina


OMAL