Ecuador: El coronel mató pronto a la esperanza

6 de mayo de 2004 por Alberto Acosta


Alberto Acosta es economista, diplomado en la Universidad de Colonia, Alemania. Consultor internacional y del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS-FES) en Ecuador. Asesor de organizaciones indígenas y sociales. Profesor universitario. Dirección electrónica: acosta chez ildis.org.ec

«A veces me pregunto si el mundo está siendo gobernado por personas inteligentes que nos están embromando o por imbéciles que hablan en serio». (Mark Twain)

El antecedente del levantamiento del 21 de enero del 2000, la participación por primera vez del movimiento indígena en el gobierno y la idea de un cambio de tendencia política en la región, derivado del triunfo de Inacio Lula Da Silva en Brasil y de la posición «latinoamericanista» de Hugo Chávez en Venezuela, levantaron muchas ilusiones en torno al coronel Gutiérrez, quien había abierto la puerta a la esperanza a través de sus reiterados ofrecimientos de cambio. Sin embargo, las expectativas de un nuevo rumbo fueron rápidamente liquidadas. Cuanta razón tuvo Zonia Palán [1], al dudar del ofrecimiento del flamante presidente de la República formulado el día de su posesión el 15 de enero del 2003, cuando solemnemente afirmó que «cambiamos al país o morimos en el intento», pues, como ella comprendió oportunamente, «la suscripción de la Carta de Intención con el FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

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y los compromisos adquiridos con este organismo hacían retroceder a unos y meditar a otros, sobre el futuro del nuevo gobierno» [2].

La configuración de un nuevo gobierno neoliberal

En primer lugar, el nombramiento de Mauricio Pozo como ministro de Economía, conocido por sus vínculos con el sector financiero y su posición ideológica, autoreconocida como «ortodoxa, conservadora y prudente», fue un anuncio prematuro de que se habían archivado posibles cambios en la política económica del nuevo gobierno. Luego, el hecho que ratificó los lineamientos ideológicos y políticos neoliberales, fue la pronta firma de una nueva Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en febrero y la rápida aprobación del crédito contingente por parte de dicho organismo. Y finalmente, alejándose aún más de su imagen política de la campaña electoral (es decir del proceso y de las alianzas que lo llevaron a la Presidencia), el coronel Gutiérrez configuró una forma particular de gobierno en la que, si bien compartía ministerios entre su Partido Sociedad Patriótica, su principal aliado Pachakutik, e incluso el Movimiento Popular Democrático (MPD), prácticamente anuló desde el principio la mayoría de opciones de cambio impulsadas por el movimiento indígena. Así, por ejemplo, la gestión de la lidereza indígena Nina Pacari en la Cancillería no armonizaba con el simplismo empresarial de Ivonne Baki en el Ministerio de Comercio Exterior; del mismo modo, el líder indígena Luis Macas en Agricultura y Pozo en Economía aparecieron como dos extremos irreconciliables.

La Carta de Intención firmada en febrero del 2003, la décimo tercera suscrita con el FMI en los últimos veinte años, tomó la forma de un compromiso de gran alcance sobre la política económica a seguir por parte del gobierno, fijando así los rasgos que adoptaría éste en varios campos. De facto, esta Carta sintetiza no sólo un programa económico, sino que constituye un verdadero plan de gobierno, en el que se refleja el grado de sumisión del gobierno al esquema fondomonetarista. En efecto, expresiones como «el gobierno mantendrá estrechas relaciones con el FMI, incluyendo temas sobre la adopción de medidas que podrían ser necesarias para alcanzar los objetivos del programa, de acuerdo con los procedimientos del FMI», revelan la decisión franca y abierta del gobierno de someterse al Fondo y permitir su intervención directa en la política económica nacional.

Por supuesto, el nuevo acuerdo no presentó ninguna novedad respecto de los ya tradicionales ajustes del Fondo. Como acertadamente señala Rafael Correa, «desde la óptica del Consenso de Washington, todo empieza y termina con el problema fiscal». En consecuencia, «la política económica del actual régimen no tiene nada nuevo, y por el contrario, es la más ortodoxa expresión de la corriente de pensamiento dominante en las últimas dos décadas en Latinoamérica». [3]

Atendiendo a las exigencias del acuerdo, coincidentes con una política de extrema austeridad fiscal, el gobierno puso «nuevamente en marcha los ajustes de precios de los servicios eléctricos y telefónicos», elevó «los precios de los combustibles en un 25% en promedio» y se comprometió a mantener «un congelamiento de salarios». Asimismo, en medio de las elevadas cotizaciones en el mercado internacional, el gobierno fijó «un precio de 18 dólares como promedio del barril de petróleo» para incrementar el monto de los recursos destinados al servicio de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
externa. Además, se planteó «reducir el número de servidores públicos (en un 10%) y la masa salarial nominal del gobierno central en el presupuesto del 2004 con respecto al presupuesto del 2003». Por último, en vez de la duplicación ofrecida en campaña, Gutiérrez estableció un incremento de apenas 3,5 dólares al bono solidario para los sectores más pobres (este bono pasó de 11,5 a 15 dólares), y dispuso que «el IESS no concederá nuevos préstamos a sus afiliados». Con tales medidas, el gobierno busca incrementar sus ingresos y limitar el gasto público, para obtener así la tan ansiada estabilidad fiscal y cumplir con los compromisos externos.

A más del contenido de austeridad antes mencionado, que pesa particularmente sobre los sectores medios y bajos de la población, el gobierno se comprometió a salvaguardar los intereses del capital comercial y financiero internacional, asegurando en la carta que «no incurrirá en nuevos atrasos, sean internos o externos, ni impondrá nuevas restricciones al comercio internacional». También, el gobierno se comprometió, hasta el final del 2003, a eliminar «todos los atrasos externos no reprogramables» (así como los atrasos internos) con miras a mantener una relación armónica con los organismos financieros internacionales. Esto constituye un serio problema para el país, puesto que uno de los mayores obstáculos que atraviesa la dolarización Dolarización Substitución de la moneda nacional por el dólar, la cual, a diferencia de un régimen dede «arrimage», desaparece totalmente. es la salida de divisas por concepto de déficit comercial y servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. . Incluso en la presentación de la proforma presupuestaria del año 2003 se reconoce que «el país se volvió exportador neto de divisas, financiando de esta manera al resto del mundo».

En la Carta se propone entregar la administración de las empresas de distribución eléctrica, además de Andinatel y Pacifictel, a «sociedades internacionales de prestigio». Igualmente, se busca privatizar los principales campos en explotación de petróleo y las pensiones jubilares, a más de la reprivatización de los bancos rescatados por el Estado en la crisis de 1998-1999.

Otra de las exigencias del FMI tiene que ver con la instrumentación de reformas legales, sobre todo en lo laboral y tributario, para lo cual en la mencionada Carta se establecen plazos que debe respetar el Congreso Nacional. Esto compromete el proceder del legislativo siendo atentatorio a los procesos democráticos. La reforma laboral implica perjuicios e incluso la renuncia de derechos adquiridos por parte de los trabajadores, lo que se quiere es reducir la masa salarial del sector público y ampliar la jornada de trabajo a 44 e incluso 48 horas; es decir, se busca flexibilidad laboral para tratar de sustituir por esta vía la pérdida de flexibilidad cambiaria. Mientras tanto, velando por el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Ecuador, la reforma tributaria propuesta apunta a reducir la dependencia fiscal hacia el petróleo. Para ello, se buscaría ampliar los ingresos tributarios, entre otras cosas, al incorporar a más personas como sujetos de tributación. Por otro lado, y como mecanismo para forzar el ajuste fiscal, en la Carta de Intención se señala expresamente que el Ecuador no podrá financiarse a través de una facilidad petrolera, dejando a la emisión de bonos como una de las pocas fuentes de financiamiento no corrientes. Esta emisión incrementa la deuda interna, especialmente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que repetidas veces ha debido comprar bonos. Debe mencionarse que una de las exigencias del Fondo apuntaba a la eliminación del subsidio al gas, pero gracias a la acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. del movimiento indígena, se tuvo que dar marcha atrás (por lo menos temporalmente).

En la Carta se estableció que «el superávit fiscal primario tendrá que mantenerse en un nivel alto a partir del año 2004 y en adelante». Este es un sello infaltable en las políticas de austeridad del FMI, pues entre las metas del acuerdo consta la consecución de un elevado superávit primario (es decir sin considerar el monto que se destina al pago de la deuda) equivalente al 5,2% del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
en el 2003 y de 5,5% en el 2004: el más alto de toda América Latina; mientras que en Argentina, por ejemplo, el gobierno de Nestor Kirchner está negociando con el FMI un superávit primario de no más del 3%, que es considerado un esfuerzo desmedido.

Cuatro meses después de la aprobación de la Carta de Intención, presentada insistentemente por el coronel como uno de los logros más importantes de su gobierno, el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

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hizo pública su «Estrategia de Asistencia al País» (Country Assistance Strategy, CAS), en la cual manifiesta su voluntad de abrir una cartera de créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
para un portafolio de programas por más de mil millones de dólares a ser desembolsados durante el período 2003-2007. Complementariamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comprometería recursos por algo más de mil millones de dólares. Y la Corporación Andina de Fomento (CAF), «se suma al coro de buenas intenciones» -como calificó a esta serie de ofrecimientos el economista Pablo Dávalos- prometiendo un cuantioso paquete de ayuda crediticia de casi 2 mil millones de dólares.

En suma, la política económica del gobierno de Gutiérrez, como ha sucedido con diversos grados de intensidad desde inicios de los años ochenta, se nutre de los mandatos fondomonetaristas, al tiempo que prioriza el servicio de la deuda externa. Esto provoca una continuada sangría de recursos y la pérdida de soberanía en el manejo económico. Esta política corrobora aquella aseveración de que los gobiernos en el Ecuador, en especial en estos años neoliberales, son simples administradores de los intereses y las políticas impuestas desde afuera. A partir de lo que representan las Cartas de Intención, la democracia ecuatoriana, en amplios aspectos de la vida nacional, se ha convertido en un mero trámite de aplicación de políticas ajustadas a los intereses del FMI, los acreedores de la deuda externa y del mismo Washington.

El recambio del movimiento indígena por partidos oligárquicos

Los ejes fundamentales enunciados, de la política económica del gobierno deben ser analizados en el marco de la alianza política con las fuerzas de izquierda que viabilizaron el triunfo electoral de Gutiérrez. Para los organismos multilaterales, a la cabeza el FMI, era importante que este gobierno, con esa conformación política, procese las reformas estructurales que todavía estuvieren pendientes. Era la primera vez que los indígenas accedían al gobierno en una alianza y era necesario consolidar su institucionalización. De ahí que, la Carta de Intención extrema una agenda que había sido fuertemente cuestionada por el movimiento indígena, su oposición a tales medidas, fueron la causa de las movilizaciones sociales que causaron incluso la destitución de dos presidentes: Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000. Al plegar desde el inicio de su gestión a la práctica fondomonetarista, se comprobó que el proyecto de Gutiérrez era incompatible con el movimiento indígena y que el fin de la colisión era cuestión de tiempo. La conformación del equipo de gobierno con los indígenas, explica la mayor tolerancia del FMI en la primera revisión de la Carta de Intención a fines de julio/2003. Otra explicación aparece por el lado de la geopolítica: el Ecuador juega un papel preponderante dentro de la lógica del Plan Colombia diseñado por los EEUU. Además, hay el deseo de apuntalar a la dolarización al menos hasta que el Ecuador cumpla con la totalidad del ajuste estructural Ajuste estructural Política económica impuesta por el FMI como condición para la concesión de nuevos préstamos o para la refinanciación de préstamos anteriores. .

A poco de iniciado el gobierno, a raíz del nuevo ajuste decretado por el presidente Gutiérrez, son observables momentos de reacción social, aunque sin la virulencia mostrada contra gobiernos anteriores, en tanto los grupos sociales comprometidos con el régimen y que en años precedentes habían resistido al ajuste neoliberal, se vieron, de una u otra forma, imposibilitados o al menos limitados para expresar su descontento. De todas formas, la primera mitad del año transcurrió entre paros y manifestaciones por parte de maestros, médicos, bananeros, maiceros, petroleros, etc., revelando que la «luna de miel» entre el gobierno y los movimientos sociales fue corta y que las relaciones con sus aliados resultaron tormentosas. No sorprende, entonces, que las frágiles alianzas electorales hayan terminado en una ruptura del gobierno con el MPD en julio y luego en agosto con Pachakutik, su aliado más fuerte y coherente. Desde entonces, el coronel Gutiérrez ha tenido que enfrentar crecientes manifestaciones en su contra, que culminaron hacia el final del año con una huelga de los maestros, que también fueron sus aliados en sus inicios.

En suma, la falta de lineamientos ideológicos sólidos, si alguna vez estos existieron [4], llevó al gobierno a transgredir sus ofrecimientos de campaña buscando el apoyo de tiendas políticas otrora opositoras, como el Partido Social Cristiano (PSC). Recuérdese que desde hace varios meses, el gobierno ha mantenido una alianza tácita con este partido, y ambos han establecido ciertas agendas en común. Además, el PSC, ha consolidado su poder en el Tribunal Constitucional, en gran medida también en las Cortes de Justicia y en el Tribunal Supremo Electoral; incluso cuenta con un bloque parlamentario suficientemente grande como para bloquear o alentar muchas iniciativas legislativas.

Este acercamiento entre el Gobierno y la derecha fue uno de los detonantes para la ruptura de la alianza del Partido Sociedad Patriótica y el movimiento indígena. Pues no debe olvidarse que desde un inicio, Pachakutik cuestionó (aunque toleró...) el acuerdo con el FMI. Y fue justamente el acuerdo con el FMI, decidido aún antes de que se instale el nuevo gobierno, el que cerró prontamente la puerta a la esperanza por un cambio, tal como lo había prometido insistentemente el propio coronel Gutiérrez.

En este complejo contexto, desde fines del 2003 se consolida un ambiente cargado de autoritarismo e intolerancia. Así, no sorprende que el segundo año de gobierno haya empezado con nuevas tensiones sociales, agravadas por varias acciones violentas, aun no esclarecidas.

Carlos de la Torre señala, «hay que recordar que (Gutiérrez) nunca tuvo credenciales democráticas. Su carrera política inició con un golpe de Estado y luego se presentó como alguien ajeno a las fuerzas políticas. Pero sus acciones hacen ver que no tiene una vocación democrática entendida en el respeto a las instituciones y a las opiniones de los otros. Más bien tiene una concepción autoritaria. Además, tiene de una visión de la democracia clientelar, concibe al Estado como un botín que hay que repartir». [5] Así, su partido, construido y ampliado desde la Presidencia, a partir de ex-militares y ex-policías, sobre bases de creciente autoritarismo, está provocando una creciente militarización de la política. [6] Inclusive la libertad de expresión está en riesgo, en la medida que el gobierno se ha enfrentado con muchos medios de comunicación y comunicadores, cuya integridad ha sido amenazada. Parecería ser que «al opositor no hay que escuchar ni discutir sus puntos, sino silenciarlo», tal como asevera de la Torre.

Asimismo, el gobierno no sólo se ha resquebrajado en cuanto a imagen y nivel de aceptación, sino además y por sobre todo, en cuanto a su estructura misma. Varios nombres (como César Fernández [7], Patricio Ortíz [8] y Napoleón Villa [9], por citar algunos ejemplos), ligados con el presidente, han sido afectados por denuncias de corrupción, debilitando más la frágil imagen de un Lucio Gutiérrez que llegó a Carondelet como paladín de la anticorrupción. Según una encuesta realizada por Datanálisis, en Quito y Guayaquil a fines del año 2003, su gobierno habría sido catalogado como «lo peor del 2003» por 49,3% de los encuestados y con una credibilidad que bordea apenas el 10%. [10]

Esta fragilidad gubernamental se ha manifestado en varias crisis de gabinete. Más de veinte ministros han sido sustituidos. [11] Con respecto a estos recambios deben ser destacados dos aspectos: es notorio que no se produjeron cambios a los ministros encargados de cumplir la agenda del FMI, (Mauricio Pozo, Ministro de Economía y Finanzas e Ivonne Baki, Ministra de Industrias, Comercio Integración y Pesca), con lo que quedó claro que la política económica no es negociable. Por otro lado, el gobierno realizó un intento desesperado por recobrar la confianza de la población al incluir en una de las principales carteras, el Ministerio de Gobierno, a Raúl Baca Carbo, un hombre capaz y de probada honestidad. Igualmente habría que señalar el espaldarazo a los dolarizadores que constituyó el nombramiento de Joyce de Ginatta, defensora acérrima de la rigidez cambiaria, al frente del Consejo Nacional de Competitividad.

La ilusión de la estabilidad macroeconómica

Más allá del estruendo de la propaganda, en Ecuador la inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). de un dígito, al cabo de cuatro años de dolarización, no da para un entusiasmo desbocado. Una inflación de 6,1% a diciembre del 2003 para un país dolarizado sigue siendo demasiado alta. [12]

En términos concretos, esto representa un valor tres veces superior a la inflación en los EEUU, y es mayor al de economías que no están dolarizadas, Perú (2,48%), Colombia (6,0%), Bolivia (3,3%), Chile (1,0%), México (4,0%) y la misma Argentina (3,5%), para citar seis casos de países que tienen política cambiaria propia (flotación administrada). En definitiva, el nivel de precios de la economía ecuatoriana, que ahora «gozaría» de un índice inflacionario de un solo dígito, es de los más altos de la región.

En términos de estabilización, este largo proceso, que implicó una acumulación de más de 150 puntos porcentuales de inflación, frente a 11 puntos acumulados en EEUU, demuestra el fracaso de la dolarización. Como para completar este cuadro complejo, los precios de los bienes transables se reducen -vía importaciones-, mientras que los de los bienes no transables se mantienen elevados: combinación que demuele la competitividad del aparato productivo, y confirma los síntomas clásicos de un cuadro clínico de «enfermedad holandesa».

La calma conseguida por la ausencia de la devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. tampoco aflora en una caída sustantiva de las tasas de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. en dólares, que superan para la mayoría del aparato productivo el 18%, y más del 40% para los empresarios pequeños. La tasa de interés activa es superior a las tasas también en dólares en varios de la región: Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, que no han dolarizado sus economías. Si bien aumentaron los depósitos en la banca en los últimos años, el grueso de los créditos otorgados va al comercio y a las importaciones, quedando apenas un 25% para la industria y la agricultura.

Como otra demostración de la fragilidad de la economía dolarizada, los banqueros, tendrían más de mil millones de dólares depositados fuera del país, aduciendo la ausencia del prestamista de última instancia; esto, sin embargo, no les ha impedido en el interior lograr elevadas utilidades a pesar de las claras tendencias recesivas del aparato productivo no petrolero.

La dolarización tampoco ha garantizado el equilibrio fiscal, basta con analizar la errática evolución mensual del saldo de las cuentas fiscales, sobre todo en el 2003. De esta manera se diluye el ofrecimiento de que con dolarización, casi de forma automática, debía desaparecer el desequilibrio fiscal; recuérdese que Panamá, dolarizado desde 1904, mantiene un déficit fiscal sostenido, de más de 4% del PIB como promedio anual desde 1970. En Ecuador, desde que asumió la Presidencia el coronel Gutiérrez, la evolución del saldo fiscal ha sido más inestable, el número de déficits mensuales casi se triplicó (pasando de dos déficits en 2001 y 2002 a cinco en 2003) y además se amplió el rango entre superávit y déficit. De acuerdo con el Observatorio de Política Fiscal, el resultado fiscal del gobierno central fue de 0,1% en 2000, -0,7% en 2001, -0,8% en 2002 y -0,9% en 2003, es decir, cada año post-dolarización ha empeorado; esto, sin embargo, contrasta con el elevado superávit fiscal primario: 2001, 4,7%; 2002, 4,3%; 2003, 5,2%; y, un estimado de 5,5% para el 2004; hay que tener presente que este indicador habla del grado de ahorro compulsivo impuesto a una sociedad para atender el servicio de la deuda.

Desde otra perspectiva, para completar el análisis del tema de la estabilidad económica, ésta debería manifestarse en una política fiscal contracíclica; en la reducción de los costos de producción a niveles competitivos en el contexto internacional; así como en una estabilidad laboral y salarial que mejore las condiciones de vida de la población (fin último de la economía), algo que está lejos de suceder. El problema, tal como se anotó antes, está en la visión estrecha de la estabilización, entendida a partir de la baja inflación. Mientras que la verdadera estabilización se logra cuando el crecimiento se torna alto y sostenible y el gobierno, a partir de las mencionadas políticas contracíclicas, «estabiliza» o «aplana» la volatilidad de los ciclos económicos, en este punto, considérese el pobre desempeño de esta economía dolarizada que en el 2003 creció apenas en 3%, a pesar de tener tantos elementos externos a favor, tales como:

- los precios de petróleo más altos de los 17 últimos años (aumentaron 11% en 2002 y 18% en 2003; a inicios del 2004 se cotizó el crudo Oriente sobre los 30 dólares);
- el mayor monto histórico de remesas de los emigrantes (con cerca de 1.700 millones de dólares superan a las exportaciones conjuntas de banano, café, cacao, atún, camarón y pescado, así como a las inversiones extranjeras directas);
- las bajas tasas de interés en el mercado internacional (la tasa de interés de EEUU fue 1%, la menor desde 1958);
- la recuperación de la economía de los EEUU (el principal mercado para productos ecuatorianos, pues acoge más del 40% de las exportaciones);
- la devaluación del dólar (que amplía particularmente las ventas a Europa y aumenta el rendimiento de las remesas en euros);
- la construcción del nuevo oleoducto y el repunte de inversiones extranjeras (provenientes sobre todo de varios paraísos fiscales...);
- los narcodólares (La propia Superintendecia de Bancos estima que este lavado puede llegar al menos a 400 millones de dólares al año).

Incluso se benefició de un incremento de los términos de intercambio que, con base a 1997 = 100, subieron a 104,7 en 2002 y 108,2 en 2003, el mayor aumento regional, a excepción de Venezuela, según la CEPAL.

La evolución del PIB luego de la crisis de 1999, cuando la caída fue de -6,3%, no ha sido satisfactoria: en el 2000 alcanzó un 2,8%, en el 2001 un notable 5,1%, para volver a decrecer al 3,4% en el 2002 y un 3% en el 2003. El magro crecimiento del PIB en este último año fue apenas superior al crecimiento de la población: el crecimiento per cápita bordea el 0,7% (mientras que en Perú, para mencionar a un país vecino no dolarizado, aumentó 2,4%), describiendo una tendencia declinante luego del repunte en el 2001. Así mismo, el crecimiento del PIB en 2003, sólo ha sido mayor que del Brasil (0,1%), Haití (0,7%), México (1,2%), Uruguay (1,0%) y Venezuela (-9,5%), dentro de los 20 países que estudia regularmente la CEPAL.

Viéndolo desde otro ángulo, en tanto no hay moneda nacional, un dólar aparentemente es igual a un dólar. Sin embargo, en la práctica sí hay un índice de tipo de cambio real que viene dado por la capacidad de compra de la economía ecuatoriana versus las economías más importantes para sus relaciones comerciales. Así, luego del sobre ajuste cambiario de enero del 2000, el tipo de cambio real del Ecuador se ha apreciado vertiginosamente, lo que se refleja en la caída del índice de tipo de cambio real por debajo de 100, y que llegó a alrededor de 90 a inicios del 2003. Esta tendencia, sin embargo, se ha revertido en algo durante el año 2003, por la devaluación del dólar.

El deterioro del tipo de cambio real refleja una pérdida masiva de competitividad, que ha sido particularmente grave con varios países de la región. Esto explica en gran medida el deterioro de las relaciones comerciales de Ecuador con Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México y Venezuela, que desde el año 2001 son cada vez más deficitarias(Sólo Perú constituye una excepción, en tanto este país importa petróleo ecuatoriano).¿Porqué interesa esto? Porque en esas economías Ecuador coloca especialmente bienes manufacturados y no sólo productos primarios; esto quiere decir que muchas de las ventas ecuatorianas a dichas economías tienen un mayor componente de valor agregado y son demandantes de mayor cantidad de mano de obra, relativamente calificada. Mientras que a EEUU, Europa y Japón, el país exporta sobre todo productos primarios, y a pesar de que con muchos países industrializados se mantiene un saldo comercial positivo, éste es insuficiente para cubrir la brecha comercial. Debe preocupar que este déficit comercial se haya registrado en los últimos tres años, cuando por primera vez la economía ecuatoriana presenta un déficit comercial a pesar de tener precios altos del petróleo: -302 millones de dólares en el 2001, -969 millones en el 2002 y -94 millones en el 2003.

Ecuador, para mencionar otro punto problemático, va en contravía del crecimiento de la economía norteamericana. Su ciclo económico, no coincide con el de los EEUU. Un asunto preocupante para una economía dolarizada (Esta fue la principal razón por la cual Argentina no dolarizó, luego que Carlos Ménem hiciera el anuncio en 21 de junio de 1999). Además, ya no cuenta con el instrumentario indispensable para desarrollar políticas contracíclicas. Especular con verdaderos espacios de acción de política monetaria, en un esquema dolarizado es, además, una quimera. Con la dolarización el Ecuador perdió una herramienta básica de política económica, como es la política monetaria y cambiaria, y con los requerimientos de la deuda pública, plasmados en las Cartas de Intención, el país ha visto minimizada su capacidad de respuesta fiscal.

El país está frente a una ilusión de estabilidad macroeconómica, lograda especialmente por la sobrevaluación del tipo de cambio real y por el ahorro compulsivo para atender el servicio de la deuda pública, pero sobre todo por obra y gracia de la propaganda.

En este punto, no hay que perder de vista que los problemas del país no se deben sólo a la dolarización, pues no se puede caer en la trampa de creer que la dolarización ocasiona todas las dificultades. Hay muchos otros retos estructurales, coyunturales, e incluso históricos. Sin embargo, este tipo de cambio rígido, que fuera duramente criticado por el coronel en la campaña electoral y al que ahora pretende apuntalar a como de lugar, es esencialmente nocivo en una economía impactada por la apertura de la cuenta de capitales y la apertura comercial, ya que aumentan su fragilidad y la torna más vulnerable ante choques externos.

Por eso, incluso ahora cuando la inflación ha descendido a un solo dígito, el esquema dolarizador no garantiza un crecimiento económico sostenido y una expansión sustantiva del empleo. Pero eso sí, se profundiza el esquema primario-exportador de acumulación, y obliga a mantener aún más una eterna genuflexión en espera de las «limosnas» condicionadas del capital financiero internacional.

El coronel preside un otro gobierno de los acreedores

Durante los cuatro últimos años, de economía dolarizada, la deuda externa total del Ecuador aumentó de 13.564 millones de dólares en el 2000, a casi 16.600 millones en el 2003, por efecto del incremento explosivo de la deuda externa privada. De hecho, el peso de la deuda privada en el total de endeudamiento externo se ha duplicado en un lapso de cuatro años, al pasar de 16% en 2000 a 31% en el 2003. De este modo, la deuda privada ha absorbido prácticamente todo el incremento en deuda externa ante una relativa estabilidad del endeudamiento público, que ha fluctuado alrededor de los 11.300 millones de dólares.

El monto del servicio de la deuda pública, externa e interna, se mantiene elevado desde hace años. A primera vista, se destinó apenas 36% del Presupuesto para ese fin en el 2003. En realidad el peso de intereses y amortizaciones representa más del 44% de los egresos efectivos que a nivel de caja registra el Ministerio de Finanzas; un promedio conocido desde 1999 y que se incrementó, en valores absolutos, desde 1998 a pesar de la reducción del monto de la deuda externa comercial como consecuencia de la negociación de los Bonos Global en el 2000. Así, estos egresos, que alcanzaron los 2.299 millones de dólares en el 2002, aún sin pagar todos los intereses, significaron un 41,1% de los 5.600 millones registrados como egresos efectivos.

Para el 2004, el país requerirá nuevos créditos -1.500 millones provenientes de deuda interna y 500 millones del exterior- para atender un servicio que superará los 2.500 millones; la diferencia se cubrirá con el ahorro compulsivo de la sociedad, lo que recesa la economía e impacta en la recaudación tributaria reduciendo incluso los ingresos para servir la deuda; empero, dicha cifra no recoge la totalidad de los pagos previstos, pues allí no se contabiliza el 70% de los ingresos que se generen por la exportación de petróleo a través del nuevo oleoducto, preasignados por ley para el pago anticipado -vía recompra preanunciada- de la deuda externa. Así, el peso real del servicio supera el 50% de los egresos totales; cifra que crecería con la reforma tributaria prevista, cuyos ingresos también irán a dicho servicio. Como para anticipar mejor la magnitud del problema, basta recordar que Ecuador sólo está pagando los intereses de los Bonos Global y no su amortización; que no hay cláusulas de contingencia, si cae el precio del petróleo por ejemplo; que para apuntalar la cotización de tales bonos se armó todo un paquete de medidas que castiga al país si se atrasa en los planes de pago impuestos por los acreedores.

Más que apostar por un sostenido crecimiento del PIB, lo que se quiere es disminuir la deuda vía su recompra. Debe tenerse en mente además, que se trata de un problema que no tiene augurios de solución, ya que la estrategia del régimen es disminuir el coeficiente de endeudamiento (deuda/PIB), por una vía que implica mayores sacrificios y una pérdida de la misma capacidad de pago. Esto no se refleja necesariamente en un menor peso del servicio en el presupuesto del Estado. En otras palabras, se puede cumplir las metas con respecto al endeudamiento, sin que esto represente una solución al problema fiscal, incluso éste podría agravarse ya que al sobre endeudamiento externo se suma la deuda interna, que supera los 3 mil millones de dólares y que tiene una estructura compleja, con tasas mayores al 8% y un plazo que no va más allá de los cinco años. Recuérdese que una de las estrategias para financiar el gasto ha sido recurrir al endeudamiento interno, que actualmente representa el 21% del total de deuda pública.

La deuda significa en realidad un triple problema: el excesivo peso fiscal del servicio de la deuda externa evita que se destinen recursos para el sector social, lo cual retrasa la superación de los problemas en educación, salud, vivienda, etc. y más bien los profundiza, con lo que se incrementa la deuda social. De igual manera, para que el gobierno pueda cumplir con las obligaciones externas, debe estimular de una u otra forma, sus fuentes de ingresos. Esto alienta, entre otras cosas, la sobre explotación de recursos petroleros, lo cual a su vez se traduce en un aumento de la deuda ecológica Deuda ecológica Es la obligación de restitución contraída como consecuencia de la degradación del medio ambiente y la bio-diversidad, de la emisión de residuos, así como del agotamiento, apropiación y control de los recursos naturales, animales y de conocimientos ancestrales.

Englobaría, entre otros aspectos : Destrucción de la biodiversidad y los ecosistemas por su sobreexplotación ; Deuda del carbono ; Exportación de residuos ; Biopiratería
. Por otro lado, en lugar de canalizar recursos a la reactivación del aparato productivo, lo que pretende es cambiar una parte de los Bonos Global -especialmente los bonos a 12 años- por nuevos bonos, que estarían colateralizados con el petróleo y su servicio, asegurado con los recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) y que tendrían una atractiva tasa de interés del 8%.

En el FEIREP, por la ley aprobada en el año 2002, se ahorran los recursos destinados al pago anticipado de la deuda externa, a lo que eufemísticamente se denomina como recompra de deuda. Para ampliar este fondo, vía Decreto Ejecutivo 1238, el presidente-coronel redefinió el 24 de diciembre del 2003 lo que es petróleo pesado, el que antes era de hasta 18° API y que ahora será de hasta 23° API. Ya antes, en el mismo 2003, en el mismo gobierno de Gutiérrez, se abrió la puerta para que todo el crudo pesado (en la ley se consideraba el crudo pesado de las empresas privadas que se transportaría por el OCP), con prescindencia del oleoducto por el que es transportado, sirva para alimentar el FEIREP. De ese fondo, el 70% debe ir a la recompra de la deuda, un 20% hacia una reserva que cubriría las caídas de los precios del petróleo, por lo que, de una u otra forma, todos estos recursos irán a manos de los acreedores, en tanto, la primera prioridad fiscal es cumplir religiosamente con el servicio de la deuda externa. Igualmente se dispuso, el 31 de enero del 2003, que sólo el 10% restante, destinado a educación y salud (no se habla del resto de inversiones sociales como vivienda, seguridad alimentaria, atención a la infancia, etc.), forme parte del Presupuesto General del Estado. Esto significa que el 90% de estos recursos serán manejados al margen de cualquier control social y parlamentario.

A esos recursos hay que sumar una parte sustantiva de la diferencia de ingresos producidos entre el precio presupuestado para el petróleo, 18 dólares por barril, y el precio efectivo, que el año 2003 bordeó los 27 dólares, por ejemplo. Con todos estos ajustes introducidos, legislando sin pasar por el Congreso, se habrían «liberado» unos 600 millones de dólares adicionales para atender los compromisos de la deuda externa en el 2004. Siguiendo esta lógica, el país tiene que endeudarse externa e internamente para atender el servicio de la deuda pública, mientras ahorra cuantiosos recursos, provenientes de las exportaciones petroleras, a los que se sumarán los de las anunciadas privatizaciones y de la mencionada reforma tributaria, para adelantar la recompra de papeles de deuda externa. Esta contradicción nociva al desarrollo humano, resulta muy lucrativa para los acreedores de la deuda. Su estrategia de reducción de deuda, tal como se ha reconocido oficialmente, «debe maximizar el valor presente de la deuda, aliviar las necesidades de financiamiento del gobierno central, presentar proyectos para canje de deuda (...), para permitir el reingreso al mercado de capitales», (o sea para seguir endeudándose), con lo que curiosamente, se acoge a uno de los objetivos de la inconveniente renegociación de los Bonos Global, de «maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos»; hay que mencionar que la negociación de los Bonos Global se hizo atropelladamente en el año 2000, durante el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano (2000-2003), enjuiciado penalmente y prófugo por dicha negociación.

En este primer año de gestión del gobierno de Gutiérrez, se realizó la octava renegociación de la deuda bilateral en el Club de París, en la que no se logró nada novedoso ni trascendente. Apenas se reprogramaron pagos y se abrió la puerta para que los gobiernos acreedores acepten destinar fracciones minúsculas del endeudamiento total, en canje por inversiones en proyectos sociales, sin considerar casos en los que sus orígenes y su uso han sido muchas veces dudosos. Esta reprogramación, como en las siete precedentes, fue realizada sobre la premisa de una tasa de crecimiento de las exportaciones y del PIB estimada por el Ministerio de Economía, con la asistencia e información del equipo del FMI. Con estas soluciones se suponía que no se regresaba con los acuerdos allí pactados a una próxima renegociación. Sin embargo, la experiencia de dos décadas nos dice que estos esquemas fracasaron, incluso las previsiones de los organismos internacionales fueron un fiasco. Tampoco los instrumentos diseñados tuvieron la flexibilidad necesaria. En estas condiciones, los acuerdos alcanzados no resolvieron el problema.

En buen romance, ya contracorriente con el nacionalismo de campaña, el coronel Gutiérrez, en la práctica, preside otro gobierno de los acreedores.

El gobierno de las pretensiones petroleras

En estos días, parapetadas detrás de una sólida cortina de humo, está a punto de cristalizarse el gran atraco en el ámbito petrolero. Distraída la opinión pública en la persecusión a unos cuantos ladrones de combustibles en Petroecuador, así como desde una curiosa propuesta para nominar, a través de «tribunales sin rostro», a la cúpula de esta empresa estatal, se avanza en una buena redefinición de las bases para la explotación petrolera, cuya aplicación significará un verdadero golpe a las finanzas nacionales, que bien podría empalidecer al otro atraco mayor de los banqueros corruptos, con una pérdida neta para el país de 5 mil millones de dólares, mientras el robo de combustibles, absolutamente condenable, representa alrededor de 120 millones.

El Presidente y su Ministro de Energía, Coronel en retiro han aceptado las pretensiones formuladas hace pocos días por la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, quienes le recordaban al finalizar su misiva, fechada el 12 de febrero del 2004, con copia al representante del FMI, que «las compañías están listas para acudir a su invitación, si usted retoma los principios de diálogo con los que se inició el proceso (...) , allá por el 05 de Enero del 2004». Y estando en marcha la licitación de los principales campos petroleros del Estado, el coronel cambió las bases del concurso. En concreto aceptó «eliminar la regalía mínima de 35%» para que «sea el mercado quien regule la participación según la mejor oferta»; una de las principales pretensiones de las petroleras.

Con esta decisión se abre la posibilidad para que, en una acción colusoria, las empresas oferten una participación muy baja. Además, al retirar el piso de 35% se da una señal para que se depriman las cotizaciones, al haber eliminado los costos referenciales, el Estado recibiría una cantidad aún menor.

El problema no se reduce a mantener el piso del 35%; valor, que por lo demás resulta bajísimo, si como sabemos la Texaco -por declaración propia- dejaba al país más del 95% de sus ingresos. El tema de fondo, como he manifestado con insistencia, es la doble mentira sobre que el Estado no tiene los recursos para asumir la tarea y tampoco tiene acceso a la tecnología necesaria. La tecnología se compra; los recursos estarían disponibles si la prioridad de la política gubernamental dejara de ser, casi exclusivamente el servicio de la deuda externa al -«maximizar el valor presente de la deuda» (Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco.
dixit)-, incluyendo la recompra anticipada de los Bonos Global, algo que no está estipulado en su canje, y que ha llevado su cotización a niveles superiores al 100%.

De esta manera, corren aires que las petroleras olfatean, de un negocio que a la postre podría mover más de 40 mil millones de dólares (calculado sólo a 20 dólares por barril), como también los tenedores de bonos, que saben que en el 2004 se destinarán casi 400 millones de dólares para la recompra de la deuda.

Los múltiples riesgos del viraje neoliberal

En su giro de 180 grados, el régimen cuenta particularmente para el manejo económico, con el respaldo de poderosos grupos bancarios, que consiguieron una posición hegemónica a raíz de la grave crisis financiera de años recientes, que dejó fuera del mercado a un 70% de las entidades financieras. Políticamente, tiene una protección sui géneris de su antaño antagonista en la medida que se cobija bajo la tutela del PSC y/o del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), dependiendo de las circunstancias. De facto se respalda en la institucionalidad armada -FFAA y Policía, que ha aumentado su órbita de influencia en la política nacional. A nivel externo, la protección viene del gobierno de los EEUU, con el que Gutiérrez se ha propuesto tener estrechos vínculos, que a momentos recuerdan las «relaciones carnales» que mantenía el gobierno argentino de Carlos Ménem con Washington.

Sobre el futuro del gobierno revolotean varios temas de importancia. Pero sobre todo pesa una política económica recesiva que prioriza el pago de deuda pública, los rendimientos de la especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. financiera en beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. de los grandes comerciantes y de la banca, en perjuicio del sector productivo, la generación de empleo, el combate a la pobreza y la búsqueda de la equidad. La supuesta solidez del manejo económico se ha resentido por sus efectos mismos. Más allá del discurso optimista, la situación competitiva del aparato productivo y las condiciones de vida de la mayoría de la población muestran crecientes síntomas de empeoramiento. En este escenario, presionando cada vez más la frágil estabilidad política actuarán las exigencias del FMI y los problemas derivados de la rigidez cambiaria: la dolarización es uno de los temas que se ha convertido en asunto de recurrente discusión política, a pesar de que desde el gobierno se ha impuesto el silencio.

Todas estas limitaciones se incrementarán como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Washington, que se intenta suscribir a como de lugar, inspirado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con lo que se dejaría desguarnecido a un aparato productivo caracterizado por una bajísima competitividad, al tiempo que entregaría derechos supranacionales a los capitales extranjeros, los que, simultáneamente, pasarían a gozar de un preferencial trato nacional. El TLC influirá grandemente en la estructuración futura del país, tanto porque representa un intento autoritario para enraizar permanentemente la dominación neoliberal minimizando aún más la soberanía nacional, como por sus efectos económicos, sociales, políticos e incluso jurídicos. Esta combinación de aperturas, ineficiencias e inflexibilidades, en un marco de limitada soberanía, encarnan lo que será más temprano que tarde la receta del desastre.

Las políticas neoliberales no sólo se han mostrado ineficaces, sino que se han vuelto inaplicables. El deterioro del nivel de vida, resultado de más de dos décadas de ensayos fondomonetaristas, ha llevado las presiones sociales a tal punto que cualquier ajuste es rechazado y contenido con protestas y manifestaciones de los principales sectores afectados. Esta realidad alimenta el mito de la ingobernabilidad, pues durante casi una década el Ecuador no ha tenido un presidente que complete su mandato. Sin embargo, el problema no radica en la ingobernabilidad del país, sino en la inaplicabilidad de las políticas neoliberales.

En estas condiciones, si la situación económica continúa desordenada, si los reiterados ajustes deterioran aún más el nivel de vida de la población, si la dolarización ha seguido mermando el aparato productivo nacional y el régimen ha perdido el apoyo popular, no es muy difícil anticipar que el resto del tiempo del mandato del coronel Lucio Gutiérrez será cada vez más conflictivo de un régimen tentado a transitar por la senda del autoritarismo, lo que podría poner en riesgo la vida democrática del país.

Igualmente comienza a ser preocupante el creciente involucramiento de este conglomerado de ex-policías y ex-militares, en la lógica belicista del Plan Colombia. Las crecientes repercusiones del conflicto colombiano impactan en el Ecuador. Las fumigaciones en la frontera afectan a personas y naturaleza. La violencia desatada por los diversos actores de la guerra civil expulsa cada vez más habitantes de ese atribulado país, de suerte que la cuestión de los refugiados se ha constituido en un tema complejo por sus repercusiones humanas y sus costos, sin que se tenga una política nacional concertada, optándose por acciones restrictivas a los migrantes, similar a la de España y demás países de la UE. Un freno a los flujos de inmigrantes no sólo que debilitaría los justos reclamos por trato digno y apegado al Estado de Derecho que movilizan a los importantes colectivos ecuatorianos en el exterior, sino que significaría otro golpe a la integración andina y regional.

Otro punto de creciente conflictividad surge por la propia petrodolarización. Como se dijo anteriormente, el Ecuador busca, a como de lugar, incrementar sus ingresos petroleros para apuntalar la dolarización sin importar la naturaleza y la vida de varias comunidades indígenas. Así, mientras avanza con dificultades el juicio contra la TEXACO, por los destrozos provocados durante los 25 años de presencia en la Amazonía, en la misma región la comunidad Sarayacu resiste las presiones incluso violentas, de las petroleras.

En suma, en lugar de enfrentar la corrupción, como ofreció en la campaña electoral, en un acto de reiterado abuso de poder, el coronel ha hecho del nepotismo una constante: muchos de sus tenientes con sus parientes inundan las entidades del sector público. Si antes declaró que con su rebelión en enero del 2000 quería evitar la dolarización, ahora recorre los países vecinos como misionero pregonando las virtudes de la misma. De su defensa de las empresas estratégicas en el ámbito petrolero, eléctrico y telefónico su administración avanza en un proceso confuso de privatizaciones. Sus ataques contra el neocolonialismo y contra la base norteamericana en Manta que -según él- mancillaba la soberanía, se desvanecieron con su apoyo público al gobierno de Washington, del cual se declaró su mejor aliado, horas antes de que Jorge Bush II declare la ilegítima guerra contra Irak. Su fe integracionista entre pares, manifestada a favor de una unión de la América mestiza desde Río Grande a Tierra de Fuego, ha pasado a la desesperada búsqueda de un acuerdo bilateral de «libre» comercio con los EEUU.

No sería descabellado pensar que se esté confundiendo la democracia con la disciplina de la milicia, el ejercicio de la libertad de expresión con la lectura de un parte militar, la Presidencia con la comandancia de un cuartel que al parecer por sus acciones y declaraciones, le está resultando demasiado grande.




Notas

[1Economista, fallecida prematuramente en junio 2003.

[2Palán, Zonia; «Ecuador: 100 días de la carta de intenciones con el FMI», La Insignia, 25 de abril del 2003 (www.lainsignia.org).

[3Correa, Rafael; «La Política Económica del Gobierno de Lucio Gutiérrez», Revista Íconos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, abril del 2003.

[4Recuérdese el confuso discurso de posesión del coronel Gutiérrez el 15 de enero del 2003 definiéndose ideológicamente como hombre de derecha y de izquierda.

[5Entrevista en Diario El Comercio, Quito, febrero del 2003.

[6En Ecuador, el proceso democrático -iniciado en 1979- ha estado permanentemente tutelado por las FFAA, las que una y otra vez han intervenido como dirimentes en varios momentos especialmente conflictivos de la vida política nacional (por ejemplo en las destituciones de Bucaram y Mahuad). Esto no sólo que fue posible por el papel tutelar asumido desde entonces, sino también porque organizaciones civiles han visto en las FFAA un actor al cual pueden recurrir en casos extremos. Esta situación ha tendido a agravarse desde que finalizó el conflicto limítrofe con Perú, pues la institución armada perdió gran parte de su identidad, la misma que parecería se intenta reconstruir alrededor del Plan Colombia...

[7Quien, según varias investigaciones, donó 30.000 dólares a la campaña de Sociedad Patriótica; y que fuera luego acusado de narcotráfico y apresado en el operativo «Aniversario» el 23 de octubre del 2003.

[8Quien estuvo detrás del polémico programa de «picos y palas», con el que, distribuyendo herramientas a los campesinos, se quiere dividir a la organización indígena. A este personaje se le acusó de haber desviado fondos del Programa de Alimentación Escolar, PAE, para estas prácticas clientelistas. Fue separado del Ministerio de Bienestar Social.

[9Cuñado del Presidente, renunció a la Gerencia del Fondo de Solidaridad luego de difundirse la noticia que Gutiérrez violó reglamentos para su nombramiento, con el fin de darle superpoderes. Es el organizador de las marchas a favor del Partido Sociedad Patriótica y quien gestiona cargos en el régimen de Gutiérrez. Además, es el mentalizador de proyectos polémicos como crear redes de seguridad para vigilar ministerios. Es el personaje más cuestionado del círculo cercano al presidente, incluso ha sido catalogado como uno de los nexos del gobierno con el caso Fernández.

[10Mientras, para un 15,6%, lo peor habría sido «la crisis económica»; para el 12,7%, «los paros»; para el 7,1%, la corrupción; y proporciones menores de los encuestados habrían mencionado la falta de empleo, la delincuencia, la pobreza y la desigualdad, entre otros.

[11En el Ministerio de Agricultura han estado cuatro ministros. En la crucial cartera de Gobierno ya son tres los titulares nombrados por Gutiérrez. Incluso en ministerio de menor trascendencia política, como el del Ambiente, ya son tres los titulares.

[12Cabe destacar que parte de la información para este artículo ha sido obtenida del Análisis de Coyuntura del ILDIS, varios números.

Alberto Acosta

Economista ecuatoriano. Investigador de la FLACSO. Ex-ministro de Energía y Minas; Ex-presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta constituyente.

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