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Argentina
Debates urgentes sobre la oferta oficial: Argumentos para suspender e investigar la deuda
por Lucas Castiglioni y Francisco Cantamutto
12 de mayo de 2020

Punto de partida. No por ser conocido debe dejar de señalarse: el ciclo de endeudamiento durante el macrismo fue pavoroso. La deuda pública pasó de los 240.665 millones de dólares en 2015 a 320.065 millones en 2019; de representar el 53% del PBI a ser 89% en 2019; se tomó deuda mayormente en moneda extranjera (en 2015 representaba el 36% del PBI, en 2019 el 70%); la nueva deuda se tomó bajo jurisdicción extranjera; y estos montos financiaron la fuga de capitales. Además, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares. Vulnerabilidad, dependencia y despilfarro. Una verdadera “pesada herencia” que se traduce en un apretado cronograma de vencimientos.

Ante este escenario, el gobierno de Alberto Fernández inició un proceso de negociaciones asumiendo que la deuda no es sostenible y que, por lo tanto, debe realizarse una reestructuración. Durante las giras de enero y febrero se consiguieron apoyos bilaterales de las potencias y, finalmente, se logró el respaldo explícito del FMI. La deuda bajo legislación nacional se “reperfiló” hasta fin de año y, recientemente, aplazaron los pagos de la deuda con el Club de París. Teniendo en cuenta que los grandes vencimientos de la deuda con organismos internacionales (principalmente con el FMI) se concentran en los años 2022 y 2023, el gobierno nacional se concentró en la deuda con los acreedores privados bajo jurisdicción extranjera, que significa un 21% de la deuda total.

La oferta oficial. El 17 de abril, el Ministro de Economía Martín Guzmán presentó la propuesta de re-estructuración de la deuda con los bonistas privados. La oferta oficial afecta a 21 bonos (17 emitidos bajo la presidencia Macri y 4 correspondientes al canje 2005/2010) y postula el cambio por 10 nuevos bonos. En términos generales, se extienden los plazos de maduración, incluyen 3 años de gracia (se empieza a pagar en 2023) y se estipula una baja carga durante los siguientes 3 años (hasta 2026).
La quita de capital es baja, del orden del 5,4% en promedio, aunque en algunos bonos es nula (Par y Discount). En estos últimos incluso se capitalizan intereses. La quita de intereses es del 62%. Considerando ambos conceptos, la quita total promedio sería de casi el 33% sobre el monto bajo re-estructuración. Por fuera de esto, hay una disputa en el mercado por definir el valor actual de la quita. El problema es que para hacer esto se toman distintas tasas de descuento (el gobierno habla del 6-7% y los acreedores del 13%) y eso arroja valores disimiles. Esta cuenta no es caprichosa pero, tampoco es una certeza científica: hay una “guerra” de cifras para confundir. Con todo, no se trata de una quita agresiva en absoluto. Tanto es así que el mercado descontaba mayor quita y cuando se anunció la oferta los bonos subieron de valor: quienes tenían los bonos obtendrían una ganancia de capital.
Se estipulan 20 días de negociación para que los acreedores acepten o rechacen la oferta. Se especula con “endulzantes” para la aceptación, como la inclusión de cupón PBI o un pago adelantado. Los grandes fondos han presionado y seguirán haciéndolo por mejorar la oferta no porque ésta sea mala, sino porque está en su genoma buscar siempre una ganancia mayor.
Vale señalar que en caso de no lograr un acuerdo, algo que incluso el oficialismo estima posible, el plan “B” del default se aproximaría bastante a lo que vivimos en este momento, en que no llegan fondos frescos. En tal sentido, no habría un grave costo en términos del acceso a recursos. Sin embargo, se sostendría la voluntad de validar la deuda ante el conjunto de los acreedores: la misma deuda que, como señalamos al inicio, es sabido que no se destinó sino a la especulación.
Ahora bien, si se contempla como posibilidad este escenario de default, ¿no sería un buen momento para parar la pelota y revisar qué se está mezclando entre tanto bono? El gobierno señaló la existencia de una investigación por parte de técnicos del Banco Central, cuyos alcances desconocemos, pero completa la oportunidad de este planteo: la necesidad de una auditoría ciudadana de la deuda.

¿Por qué realizar una auditoría de la deuda? Sobre un acervo de argumentos políticos y jurídicos y reivindicaciones de movimientos, partidos y referentes del campo popular, de la estatura de Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, se han alzado demandas por la investigación de la deuda. En esta línea intentamos ordenar algunos puntos referidos al actual proceso de re-negociación en aras de fundamentar la necesidad de suspensión de los pagos y el desarrollo de una auditoria ciudadana integral de la deuda.

1. Porque la oferta incluye el bono a 100 años.

Dentro de los 21 bonos incluidos en la propuesta oficial se encuentra el tristemente afamado “bono a 100 años” emitido durante la presidencia de Mauricio Macri. En 2017, el por entonces secretario de finanzas Luis Caputo negoció un bono qué pagó intereses del orden 7,9%, y que terminaría de pagarse en el año 2117. Dentro de los tenedores de ese bono se encuentra el propio Caputo, quien como titular desde 2009 del fondo de inversión Noctua Asset Managment LLC, radicado en el centro offshore de Delaware, nunca lo había incluido en sus declaraciones juradas. Fue recién a partir de la revelación periodística de los “Paradise Papers” que salió a la luz. Ante esta maraña de irregularidades, intereses incompatibles y/o sospechas de corrupción, diputados del bloque FPV-PJ realizaron las denuncias correspondientes. El funcionario había sido imputado por fiscal Juan Pedro Zoni y la denuncia se desarrolló en el juzgado del juez Julián Ercolini. Este bono, aunque poco relevante por los montos, es muy expresivo de las connivencias y efectos estructurales del endeudamiento: un instrumento cuestionado en lo legal, asociado a la mera especulación, sería reconvertido en un nuevo título, válido, sin máculas. Lo que es aún más increíble, la actual propuesta supone un “re-perfilamiento inverso”: los tenedores de ese bono tendrán un acortamiento de los plazos de cobro.

2. Porque continúa con el pago a los Fondos Buitre y el acuerdo macrista.

La extorsión de los fondos buitre luego de la re-estructuración de la deuda argentina en 2005 y 2010 es un capítulo significativo en la historia reciente de las negociaciones de deuda. Tal es así, que el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner emprendió una campaña de denuncia contra el accionar de estos fondos, la cual llegó hasta a la ONU. Sin embargo, en el primer año de la presidencia Macri, se alcanzó un terrible acuerdo con los fondos buitre, que representó ganancias de hasta 1.200%para los actores más predatorios del sistema financiero internacional. Hasta se reconocieron deudas sin comprobantes.
En la actual oferta de re-estructuración se incluyen tres bonos correspondientes al arreglo macrista con los Fondos Buitre. Con quitas del 5 y del 12% en intereses, la oferta oficial plantea la continuación de los pagos con los fondos buitre. Considerando que incluso una parte de la actual alianza en el gobierno se opuso de modo tajante a este arreglo ultrajante, resulta por demás llamativo que se renueve el compromiso sin siquiera cuestionar la validez de estos instrumentos.

3. Porque investigar es una deuda con la historia del pueblo argentino.

Los sucesivos ciclos de endeudamiento, crisis y re-estructuración han ido sedimentando injusticias. Se sabe que el proceso de endeudamiento tiene origen en las políticas estructuradas durante la última dictadura cívico-militar, cuya evaluación en la causa Olmos detectó 477 hechos ilícitos, según la sentencia del juez Jorge Ballesteros. Esta deuda está fraguada por la ilegalidad y la ilegitimidad, y la califica sin medias tintas dentro de la Doctrina de Deuda Odiosa. Ahora bien, parte de esta misma deuda fue reestructurada en el plan Brady, en la crisis de 2001, en el canje de 2005, renovando con instrumentos sin máculas un pasado oprobioso. La inclusión de los bonos del canje 2016 y el título a 100 años son expresivos de este mecanismo de “lavado de cara” de los títulos de la deuda, que arrastran en su origen hechos ilícitos. ¿Acaso vender un auto robado lo hace menos robado?
La comisión creada por la Ley de Pago Soberano de 2014 actuó mal y a destiempo, pero subrayó la existencia de estas continuidades. Penosamente, este planteo fue relegado por la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. El apoyo a esta norma por parte de los mismos responsables del endeudamiento irresponsable debería al menos sembrar dudas. Logran de este modo esconder, nuevamente, bajo la alfombra su propio accionar delictivo.
Debemos recordar que la re-estructuración de estas deudas ilegales no garantiza nunca su sostenibilidad. Aunque no está incluido en esta oferta, sirve de muestra la situación con el Club de París, reestructurada por Kicillof e impaga por Macri. Deuda que proviene de la dictadura, digamos una vez más.
La vigente negociación incluye en el Art. 5° del Decreto 391/2020 la participación de la Comisión Bicameral permanente del Congreso de seguimiento y control de contratación y pago de la deuda. En esta línea, en aras de fortalecer la posición de Argentina ante los especuladores y con el objetivo de ejercer una memoria activa, la conformación de una auditoria ciudadana, integral y participativa se vuelve necesaria.

4. Porque continúa con la cesión de soberanía jurídica.

Los 10 bonos propuestos en la oferta a los acreedores privados, presentada el 16 de abril, contienen prórrogas de jurisdicción. Es decir, al igual que en re-estructuraciones anteriores, la Argentina vuelve a quedar expuesta ante conflictos con acreedores (léase fondos buitre) a resolver en tribunales extranjeros. Siempre habrá un Griesa que les atienda los pedidos, por irrazonables que sean. La actual oferta no presenta ningún esfuerzo por devolver siquiera parcialmente la jurisdicción al país.

5. Porque es de Necesidad y Urgencia en tiempos de Covid-19.

Como ha insistido el experto independiente de la ONU sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, el endeudamiento y las políticas de austeridad asociadas a su pago están absolutamente reñidas con la plena vigencia de los derechos humanos. No es posible que para garantizar los pagos, se soslayen necesidades urgentes de los pueblos, protegidas por diversos tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Ante la actual crisis global, vinculada a la crisis del Covid-19, no hay lugar a dudas, que el pago de esta deuda no debería ser una urgencia. Los recursos deberían destinarse a garantizar condiciones de salud, higiene y alimentación de nuestro pueblo.

La idea de que un mero aplazamiento de los pagos resuelve el problema, omite la experiencia ganada en el pasado al respecto. Aun cuando la oferta pueda aliviar los pagos en los años próximos, está atada a una serie de objetivos de política económica que desplazan el cumplimiento de derechos básicos. Sin ir más lejos, en aras de llegar a esta negociación en buenos términos, se pagó deuda por 5.000 millones de dólares desde diciembre. Compárese esta cifra con el paquete de estímulo, actualmente, anunciado que, al tipo de cambio oficial, supone unos 8.250 millones de dólares. “Hacer las tareas” para pagar deuda tiene costos; solo dilatar pago no resuelve esta disciplina.
Un gobierno y una fuerza política que incluye entre sus definiciones más significativas el respeto por los derechos humanos deberían contemplar este punto en detalle.

6. Porque otros países que auditaron su deuda… no se cayeron del mapa.

La experiencia de auditoría de la deuda de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa representa una gran lección para los pueblos. Tal como muestra Éric Toussaint, en Ecuador no se dio una “re-estructuración” (no hubo intercambio de títulos, y sobre todo no hubo negociaciones con los acreedores), sino que se produjo una suspensión de los pagos y auditoria. Es decir, “los viejos títulos no fueron reemplazados por nuevos”. En junio de 2007 se creó la Comisión de la Auditoria Integral y después de 14 meses de trabajo elaboró un documento sobre el cual el gobierno emprendió la suspensión de los pagos. Finalmente, en 2009, Correa impuso a los acreedores una reducción muy importante de la deuda. En síntesis: “Ecuador suspendió unilateralmente el pago de su deuda pública y anunció a los acreedores privados, de sus títulos bonos Global 2012-2030, que estaba dispuesto a recomprar esos bonos con un descuento del 65 % y que para ello ponía una fecha límite, de manera que esos títulos ya no existen en la actualidad (…) Eso le permitió economizar alrededor de 2.200 millones de dólares de stock de la deuda, a los que hay que agregar los 300 millones de dólares de intereses por año durante el período 2008-2030. En total, Ecuador consiguió ahorrar aproximadamente más de 7.000 millones de dólares”, señala Toussaint. Si bien en ese caso no se logró una sentencia judicial en torno a lo encontrado –en gran medida debido a la ausencia de tribunales internacionales capaces de definir en la materia- ilustra el punto que queremos señalar: la auditoria no implica necesariamente un automático aislamiento del país en la economía mundial.

7. Porque el contexto es propicio.

Si por un lado el propio gobierno reconoce que no arreglar no implicaría grandes pérdidas porque el acceso a fondos igual está bloqueado, por otro lado no puede omitirse que el mundo está en una crisis de proporciones. A nadie exaltaría no priorizar la reestructuración de la deuda en este momento. Si el lapso durante el cual no se paga, se aprovecha para avanzar en la auditoría, se habrá ganado tiempo precioso, argumentos, y apoyo social para enfrentar esta situación. Los alcances de la intervención estatal se han visto completamente alterados, al punto que algunos gobiernos de Europa anuncian la posibilidad de masivas nacionalizaciones. Resulta improbable que algún acreedor logre, en este contexto, cuestionar la lógica de cesar los pagos y auditar.

8. Porque existen antecedentes en curso.

No solo lo actuado por Ballesteros y la Comisión de Investigación de 2014, por citar algunos ejemplos, sino porque el propio presidente Fernández anunció que el Banco Central estaba desarrollando una auditoría. Decenas de investigaciones científicas y militantes aportan elementos para darle densidad a una investigación de la deuda. Entendemos que no debe ser una mera tarea técnica, sin menospreciar este aspecto, sino que debe ser integral (incluir no solo las dimensiones contables y jurídicas, sino también económicas y sociales) y participativa. Este último aspecto hace a la constitución ciudadana de la democracia, pero también a darle apoyatura popular a una negociación que, a todas luces, encontrará del otro lado acreedores feroces.


Lucas Castiglioni y Francisco Cantamutto