Rechazo de la apelación argentina a los fondos buitres: sobre la prórroga de jurisdicción y los canjes de deuda soberana

29 de julio de 2014 por Javier Echaide


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En el día de hoy se conoció la sentencia de la Corte Suprema de los EE.UU., quien decidió rechazar el recurso de apelación que el Estado argentino presentó ante la resolución del Juez Griesa en favor de los fondos buitres (holdouts) que no entraron al canje de la deuda externa argentina, reestructurada en los años 2005 y 2010.

Esto significa un muy complicado escenario para la Argentina que, de confirmarse definitivamente esta resolución, debería pagar a los acreedores que no ingresaron en el canje de deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
por el 100% de los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
, de manera inmediata y al contado, en vez del 35% y en plazos que se acordó con una amplia mayoría de los acreedores de dichos bonos (cerca del 92%).

Durante los últimos meses se advirtieron posicionamientos cruzados en varios de los principales medios nacionales sobre este tema. Algunos destacaban la cercanía de Argentina a un nuevo default, otros a la fuerte posición del gobierno nacional frente a los fondos especulativos internacionales. La realidad, sin embargo, era otra de la que estos dos relatos pretendían ofrecer. Luego del fallo del Juez de Primera Instancia en favor de los fondos buitres, las presiones que se sumaron a la defensa argentina fue la de los «otros» fondos buitres: la de aquellos que sí entraron a la renegociación de la deuda externa argentina con una quita del 65%. Estos acreedores se presentaron también apelando contra el fallo como afectados ante un escenario favorable a la demanda planteada que pretendía (y pretende) cobrar en efectivo, en un solo pago, el 100% de la deuda comprometida en bonos soberanos argentinos y que prorrogaban la jurisdicción nacional en favor de tribunales extranjeros, en este caso los de Nueva York, donde Griesa ostenta su cargo.

No se trataba ya de una demanda contra un Estado sino de una disputa entre capitales financieros: los que entraron en el canje de deuda -el 92% de los acreedores y que protestaron con la sentencia del juez Griesa- y los que no ingresaron al canje -el 8% de los acreedores que fueron quienes demandaron y obtuvieron sentencia de primera instancia favorable-. Este disputa trastocó todo el panorama, pues el precedente afectaría ya no la economía argentina solamente, sino la posibilidad de todo aquel Estado que desee reestructurar su deuda externa.

Argentina hace meses tomó la decisión política de optar por una estrategia de acercamiento a los mercados financieros internacionales en distintos frentes. Una de las primeras decisiones fue el pago de cinco demandas internacionales en el CIADI CIADI Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.

Más
por unos US$ 677 millones a empresas transnacionales, dos de las cuales se trataban de los juicios ganados por las norteamericanas Azurix (por la demanda homónima sobre un caso de agua potable) y Blue Ridge (por la demanda de CMS por transporte de gas) que habían provocado que los EE.UU. retiraran a la Argentina del Sistema General de Preferencias arancelarias (SGP), una prerrogativa que EE.UU. otorga unilateralmente y con lo cual logra hacer efectivos algunos condicionamientos económicos y políticos.

El pago de las demandas en el CIADI significó romper el apoyo que la Argentina había manifestado en favor de Ecuador frente a su causa contra Chevron en la que la petrolera norteamericana había sido condenada por tribunales locales por la sideral suma de US$ 9.000 millones por contaminación ambiental en la Amazonia ecuatoriana. En diciembre de 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había manifestado públicamente frente al presidente Rafael Correa dicho apoyo y sus críticas a «tribunales internacionales de inversiones» y al régimen de arbitraje sobre la materia, dejando prever que Argentina -el país más demandado en el mundo ante el CIADI y el más perjudicado por el sistema arbitral de inversiones- apostaría a abandonar el sistema. Lejos de eso, seis meses después Argentina cierra un acuerdo con la empresa Chevron para la explotación de yacimientos no convencionales de petróleo en Vaca Muerta (provincia de Neuquén) y poco después paga las cinco demandas en el CIADI ya referidas, haciendo un giro de 180 grados a las decisiones que había inicialmente dejado entrever.

El segundo paso fue acordar con Repsol por otra demanda en el CIADI originada por la expropiación que Argentina efectuó del 51% del capital accionario de la transnacional española en YPF. La demanda había sido interpuesta por US$ 10.500 millones. Argentina había declarado no pagar «ni un centavo», pero finalmente acordó por una indemnización de US$ 5.000 millones más intereses.

Luego del pago de las demandas en el CIADI y del acuerdo con Chevron, el paso siguiente fue la adquisición de nueva deuda y la negociación por el pago de la deuda externa generada por la Dictadura Militar de Onganía con el grupo de países llamado «Club de París». De este modo se acabó con la llamada política de «desendeudamiento», se acordó pagar una deuda no reconocida por US$ 9.700 millones, y se volvió a los mercados financieros internacionales adquiriendo nueva deuda.

Argentina había optado por esta estrategia paralelamente a la presentación de los acreedores que sí habían acordado la reestructuración de deuda, entendiendo que esta búsqueda de un acercamiento al poder financiero internacional podría motivar una decisión favorable. Esta decisión significaría que Argentina deba pagar US$ 1.300 millones (al 100% de la deuda contraída originalmente) a los fondos buitres. Se optó por congraciarse creyendo que ello aseguraría una decisión positiva, y fue un error.

De este modo, hoy Argentina queda comprometida a pagar montos por US$ 16.677 millones a corporaciones y acreedores internacionales contrayendo, además, más deuda. Como único saldo positivo en el ínterin figura el haber evitado el embargo de la fragata Libertad en Ghana, que los fondos buitres habían interpuesto como ejecución frente al no pago. El resultado de este proceso evidentemente da un fuerte saldo negativo.

Pero el riesgo es todavía mayor dado que esta sentencia coloca, además, en una muy mala posición a los acreedores que sí reestructuraron la deuda ocn Argentina y acordaron una quita de sus créditos del 65%. Reabrir el canje podría significar el fracaso de la política nacional en materia de manejo de la deuda externa (la convocatoria de acreedores, la «quita histórica» y el «desendeudamiento») y el riesgo de reabrir su deuda canjeada so pena de enfrentar mayores procesos judiciales en EE.UU. (jurisdicción a donde se cedió la potestad de emplazar los reclamos judiciales). Esta última posibilidad equivaldría nuevos pagos por entre US$ 30.000 y US$ 70.000 millones (empero, hoy, 19/06/14, en Página/12 ya se habla de riesgos de pagos «por más de US$ 100.000 millones»: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/248948-68419-2014-06-19.html).

Empero, la decisión de la Corte de EE.UU. va mucho más allá de la afectación de nuestro país dado que sienta un fuerte precedente contra la posibilidad de que un Estado pueda reestructurar su deuda soberana Deuda soberana Deuda de un Estado o garantizada por un Estado. . Y tal decisión va en contrna no de la Argentina sino de todos los países deudores del mundo, en donde están también incluídos Italia, Grecia, España y por qué no el propio Estados Unidos, el país más deudor del planeta. Lo más irónico sería que, ante una situación de grave crisis económico-financiera internacional como la existente, la aplicación de este fallo sobre la deuda norteamericana sería favorable a... ¡China! su principal acreedor.

Existe una mínima posibilidad aun de postergar la decisión final solicitado una reconsideración del fallo, las cuales suelen ser denegadas. El recurso de reconsideración (que Argentina ya está pensando preparar) debería ser resuelta en 48hs. Una eventual reconsideración postergaría la decisión unos 6 meses, coincidiendo el plazo con la posibilidad de modificar la sede de pago de los bonos comprometidos, de Washington a Buenos Aires, entrando en un default técnico.

Pero, nuevamente, no es una cuestión de dinero. Es un riesgo mayor. Argentina posee US$ 1.300 millones para pagar. el tema es lo que implicaría eso si se reabre el canje sumado a los compromisos ya asumidos de demandas internacionales. Ese es un primer dato del riesgo de este juicio.

El segundo: el hecho de poner en duda la posibilidad que los Estados aún conservan sobre renegociar su deuda soberana. Si Argentina pierde este juicio, eso daría la razón al 15% de los acreedores que no entraron en el canje lo cual pondría en serias dudas el sentido de querer entrar en una reestructuración.

El tercer dato: poner en riesgo fijar la jurisdicción norteamericana como «garantía» en los bonos de deuda. ¿Qué Estado desearía fijar como jurisdicción legal para la emisión de sus bonos a las cortes norteamericanas tras este fallo? Esta opción, instalada por el ministro menemista Domingo Cavallo en los ´90 y sostenida en el tiempo por los gobiernos posteriores, entraría en crisis. Y dicha duda se sumaría a las existentes críticas contra la prórroga de jurisdicción nacional a tribunales extranjeros o internacionales como el CIADI, pero que hasta el momento la Argentina se ha hecho la desentendida.

Evidentemente Argentina se encuentra en un escenario complicado tras esta resolución. Fue un error ceder la jurisdicción, así como ingresar al CIADI y no reinstalar como decisión soberana una investigación sobre la propia deuda (auditoría contable) y de los tratados de protección de inversiones (auditoriá jurídica) para distinguir trigo de paja y saber eventualmente qué es estafa y qué no. Pero Argentina, en vez de eso, eligió meterse más todavía en el juego en vez de salirse de él, y congraciarse con un sistema que olvidó su gracia hace mucho, mucho tiempo. El resultado será entonces la continuidad de la extracción de recursos de los pueblos hacia los mercados financieros internacionales, lo cual no constituye nada nuevo.

Fuente: http://javierechaide.blogspot.be/




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