La sanidad en el Estado español y su privatización

28 de abril por Audita Sanidad


Recito IFEMA habilitado como hospital de campaña. Fuente: Ayuntamiento de Madrid

La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la importancia de tener un sistema de sanidad público, eficaz y dotado de recursos suficientes. No es casualidad que en aquellos países y regiones en los que se han implementado políticas de ajuste más duras durante las últimas semanas, las dificultades para contener la hemorragia de infecciones y muertes ha sido más difícil. La Comunidad de Madrid en el Estado español representa una suerte de paradigma neoliberal para este país, habiendo sido el laboratorio de las diferentes medidas de privatización del sistema público de salud. Unas privatizaciones en las cuales actores financieros especulativos como los fondos buitre han jugado un papel privilegiado. Desde Audita Sanidad, el colectivo que lucha por una auditoría de la sanidad pública madrileña, se ha realizado un importante trabajo de sintetización de todo el proceso de privatización, que tenemos el honor de compartir con vosotras y vosotros.

Introducción

La Constitución española de 1978 establece una organización territorial del Estado más descentralizada, basada en la existencia de diecisiete comunidades autónomas. En consecuencia, el Sistema Nacional de Salud (SNS) está constituido por diecisiete servicios de salud coordinados, regulados y financiados por el Estado.

La Ley General de Sanidad aprobada en 1986 estableció un modelo sanitario financiado mediante impuestos que ofrecía una cobertura universal y gratuita basada en la equidad (modelo Beveridge [1]).


Estrategia neoliberal y capitalismo financiarizado

El derecho a la salud es más amplio que el derecho a la atención sanitaria. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la salud depende en gran medida de la cantidad y calidad del trabajo, de la vivienda, de la alimentación, de la educación y del bienestar social dentro de un ambiente de paz y desarrollo social.

El modelo de desarrollo y de acumulación capitalista que sigue las orientaciones neoliberales hegemónicas predominantes desde los años 70 y 80, tiene un gran impacto en la salud de la población y en el funcionamiento y orientación de los servicios sanitarios públicos. Se trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la tasa de ganancia.

El neoliberalismo ha conseguido hacer hegemónico su marco ideológico centrado en el dogma del papel del mercado para la consecución del crecimiento económico ilimitado que asegure el beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. económico. Se promueve el valor de la responsabilidad y capacidad individual y se acepta que el sector privado es un proveedor de servicios más eficientes que el sector público. El fin de la acción Acción Título mobiliario emitido por una sociedad de acciones. Este título representa una fracción del capital social. En particular otorga a su titular (el accionista) el derecho a percibir una parte de los beneficios distribuidos (el dividendo) y de participar en las asambleas generales de la empresa. política ya no es el “bien común” sino la “rentabilidad económica”.

El asalto a los sistemas públicos de servicios de salud está diseñado hasta sus últimos detalles. Desmontarlos es un medio para restringir derechos universales y trasladar el gasto de las prestaciones sanitarias a la población. Poco a poco las multinacionales se apropian de la asistencia sanitaria, de los seguros médicos y de los fondos públicos destinados a la sanidad.

La transformación del concepto salud en una mera mercancía se realiza mediante procesos de desinformación a la opinión pública, con mensajes sobre la iniciativa privada como único camino para modernizar la organización de los dispositivos asistenciales e implementar los avances científicos tecnológicos, con intención de ocultar lo que en realidad son decisiones políticas conscientemente planificadas para destruir el sector público presentándolo como obsoleto e ineficiente.

Con frecuencia los mensajes que venden la salud como mercancía son creados y apoyados por los propios gobiernos con competencias sobre la sanidad y no existe ninguna evidencia que apoye estos mensajes. Por el contrario, la Colaboración Público-Privada (CPP) en sanidad ha demostrado malos resultados y sobrecostes financieros en el Estado español y en la Unión Europea (UE).

En el sector de la salud, el aumento progresivo de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
pública es consecuencia de los procesos de privatización [2] sanitaria debido, entre otros, a los sobrecostes que generan los experimentos fallidos de CPP, al gasto en medicamentos de marca versus el uso de genéricos, a las políticas fiscales regresivas y a la aparición de múltiples corrupciones en el ámbito sanitario.


Mecanismos mercantilizadores. ¿Cuáles y cómo están siendo los mecanismos privatizadores?

Para diversos autores la mercantilización de los sistemas públicos de salud se sustenta en el siguiente ideario mercantil:

  1. Señalar el mercado como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos.
  2. Desprestigiar lo público por ser corrupto, burocrático, obsoleto y poco eficaz.
  3. Promover los servicios privados dentro del sistema público, facilitando todo tipo de espacios y normas a los servicios privados dentro del sistema sanitario público.

Se pretende un cambio de modelo sanitario que se agudiza en 2008 con la crisis de la deuda, que ha sido y sigue siendo un mecanismo de dominación de los acreedores sobre los deudores, y que ha servido como palanca para imponer un modelo económico centrado en el neoliberalismo y como excusa “perfecta” para imponer a la población recortes en los servicios básicos, cuando en realidad la privatización de la sanidad pública es, per se, un generador de deuda pública.

En este sentido, el mantra neoliberal de la necesidad de hacer recortes para reducir el volumen de deuda pública es falso. Los datos demuestran que, a pesar de los recortes que se han venido realizando en el período 2007-2018, la deuda pública ha seguido creciendo (Gráfico 1):

Gráfico 1. Fuente: Estadística de Gasto Sanitario Público 2018. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 2020 y Banco de España.

Este cambio de modelo se concreta en:

— Recortes en los Presupuestos del Estado con políticas de control y restricción de la inversión y del gasto público en el sector sanitario público.

La UE exige el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuyo objetivo fundamental es prevenir la aparición de un déficit presupuestario en la zona del euro.

Para cumplir con este Pacto:

• Se acuerda disminuir el gasto de la sanidad pública del 6,2% al 5,9% del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
entre 2012-2018, muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno (Gráfico 2).

Gráfico 2. Fuente: OCDE para países de la UE y Estadística del Gasto Sanitario Público (EGSP) para el Estado español.

• Se recurre a una financiación insuficiente de la sanidad pública, cuya consecuencia inmediata es aumentar la deuda sanitaria año tras año. El aumento provocado de la deuda en sanidad es precisamente la justificación para recortar los servicios sanitarios del sector público.

— Mayor aportación de la población a la financiación del Sistema Nacional de Salud.

Se traslada progresivamente la factura sanitaria a los bolsillos de los ciudadanos (tasas y copagos) y se aumenta la aportación de los trabajadores a los ingresos del Estado. En el período 2008-2017 el gasto sanitario privado subió del 25,9% al 30% del gasto sanitario total.

— Cambios en el modelo sanitario [3] consensuado en el conjunto del Estado. A través de:

• Modificaciones de Leyes para desregularizar el Sistema Sanitario Público.

  • En el año 1997, gobernando el Partido Popular (PP) en minoría, se aprobó la Ley 15/97 [4] sobre nuevas formas de Gestión de los Servicios Públicos, abrió la puerta a la privatización del sistema sanitario público como una alternativa más eficiente.
  • La aprobación, durante el gobierno del PP, del Real Decreto 16/2012 de 20 abril de medidas urgentes para garantizar la Sostenibilidad del Sistema Nacional Salud cambió la accesibilidad universal al Sistema Público de toda persona residente, pasando a impedir el acceso al sistema a la población que no cumpla los criterios de “aseguramiento”. Esto promueve la exclusión social y sanitaria de sectores sociales vulnerables.
  • Recientemente, el gobierno del PSOE aprobó un nuevo RDL 7/2018 sobre el Acceso Universal a la asistencia sanitaria que pretende revertir la situación, pero mantiene barreras que impiden reconocer la Universalidad de la asistencia sanitaria.

• Disminución de plantillas y precarización laboral del Sector Sanitario Público.

En amplios sectores de trabajadores del sector sanitario la tasa de reposición cayó hasta un 10% originando aumentos de jornadas laborales y sobrecargas asistenciales. Se observa también escasa inversión en materiales y recursos y, como alternativa, la introducción progresiva de las Colaboraciones Público-Privadas para nuevas inversiones en la provisión de servicios sanitarios.

• Privatización del sector público.

Se aumenta la influencia del sector privado y de los agentes económicos del mercado en el Sector de los servicios sanitarios a través de la fragmentación de la red sanitaria pública, la privatización de la provisión de servicios, la gestión de centros con gestión directa y la participación en la financiación de las inversiones.


Consecuencias de la mercantilización

— Un deterioro de la calidad y cantidad de los servicios públicos debido a la disminución de las plantillas de personal (Gráfico 3) con aumento de la precariedad y deterioro de las condiciones laborales, la disminución de las prestaciones sociales, la disminución de las camas hospitalarias de provisión pública (Gráfico 4) y la privatización de los servicios de limpieza y mantenimiento.

— Efectos demoledores en lo que respecta a la equidad con aumento de la desigualdad social y en consecuencia, de las desigualdades en el nivel de salud entre los diferentes grupos sociales.

Gráfico 3. Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Gráfico 4. Fuente: Eurostat

5. Los Fondos Buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. y su papel en la Sanidad

La expresión “Fondos Buitre” se refiere a un tipo concreto de fondos de inversión especulativa que construyen su negocio “carroñeando” en dos modalidades.

La primera, los fondos buitres adquieren deuda pública de Estados financieramente vulnerables. Se trata de deuda subastada, que circula devaluada en el mercado secundario. Primero la compran con descuento y luego litigan contra el Estado emisor para recuperar el valor nominal originario.

La segunda, invierten en diferentes sectores (vivienda, sanidad, servicios sociales, recursos naturales, explotaciones agrícolas, etc.) donde utilizan las dificultades financieras de empresas privadas generalmente locales para “salvarlas”, comprándolas, “saneándolas” y posteriormente venderlas obteniendo el máximo beneficio económico.

Los daños colaterales, la precarización de los puestos de trabajo y el recorte de los derechos sociales de los ciudadanos, no se tienen en cuenta. En ambos casos, priorizan el rendimiento económico sobre el bien común.

Estos fondos no pretenden mejorar la salud de la población, ni contribuir al control del gasto público, sino conseguir los mayores beneficios para sus accionistas; un fondo buitre no invierte en sanidad si no tiene garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). de que su negocio no estará limitado por la competencia de la sanidad pública.

Como decíamos, en el Estado español, los fondos buitres actúan en los principales sectores de la actividad económica y en los sectores sociales básicos para la ciudadanía: Vivienda, Sanidad, Residencia de mayores y cuidados de larga duración, Colegios mayores universitarios, etc.

En la Comunidad de Madrid, laboratorio de la estrategia neoliberal, las inversiones de los fondos buitres se han concretado en la reciente adquisición de seis de los siete hospitales modelo PFI [5] (del inglés Private Finance Initiative) y cuatro hospitales modelo PPP (del inglés Public Private Partnership).

En la tabla se presentan ejemplos de cómo diferentes fondos de inversión especulativos han realizado la compra de acciones a las empresas que inicialmente fueron adjudicatarias de la concesión de los hospitales modelo PFI, por un período de 30 años prorrogables.

Tabla 1. Seis de los siete hospitales modelo PFI existentes en la Comunidad de Madrid pertenecen a fondos de inversión especulativos.


Notas

[1Ya no existen sistemas puros, pero la sanidad europea se asienta sobre dos modelos: el modelo Bismarck y el modelo Beveridge.

El primero funciona a través de cuotas obligatorias que pagan los empleados y sus jefes en función de los salarios. El modelo Bismarck es el que sigue operando en Alemania pero también lo han incorporado Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Grecia, Luxemburgo y Países Bajos.

A nivel general, el modelo Beveridge financia la sanidad a través de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Es un sistema que han adoptado Dinamarca, Italia, Portugal, Reino Unido o Irlanda, además de nuestro país, y que apuesta por la cobertura universal.

[2La privatización sanitaria se ha concretado mediante:
— Los conciertos establecidos con clínicas y hospitales privados e instituciones religiosas.
— Las derivaciones de pacientes de hospitales públicos a clínicas privadas y
— La privatización de servicios sanitarios tales como:
• Laboratorio de análisis clínicos
• Lavandería
• Limpieza
• Mantenimiento, etc.

[3En el año 1991, con el PSOE gobernando, se aprobó la creación de una Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, conocida como “Informe Abril”. Aunque no fue votado en el Parlamento, en la práctica, sus recomendaciones eran todo un programa de preparación de la sanidad para su privatización y han sido implantadas a lo largo de los últimos años.

Esta iniciativa no es casual, en 1989, siendo Margaret Thatcher primer ministro del gobierno conservador británico, se publicó el documento “Working for Patients” que sirvió como hoja de ruta para la privatización y el desmantelamiento National Health Service (NHS).

[4Esta Ley fue votada en el Congreso de los Diputados por PP, PSOE, PNV (Partido Nacionalista Vasco), CiU (Convergencia i Unió) y CC (Coalición Canaria).

[5Este modelo consiste en que empresas privadas, la mayoría empresas constructoras, muchas de ellas hoy en sumarios judiciales, ejecutarían y financiarían la construcción de los hospitales según un contrato de concesión de obra pública (Ley 13/2003), a cambio de recibir un canon anual por el arrendamiento del edificio y, lo que fue novedoso, por la provisión de los servicios no sanitarios durante 30 años.

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