La crisis desencadenada por la pandemia y la economía política de la Unión Europea

19 de noviembre por Daniel Albarracín


Fuente: Wikimedia Commons

Este capítulo va a abordar la crisis pandémica desde el plano de la economía política y, en particular, las decisiones fundamentales que está adoptando la Unión Europea, cuyas medidas habrán de cobrar forma precisa una vez culmine su particular procedimiento institucional.

 La pandemia: desencadenante de una crisis latente

La pandemia de la Covid-19 ha sobrecogido a nuestra especie por su sacudida a la salud pública, pero más aún por la profundidad de la depresión económica que ha desencadenado, causando un desastre social y laboral que nos sume en la incertidumbre. Esta crisis, sobrevenida y profundizada por la pandemia, viene a producirse en un contexto donde se mostraban de antemano síntomas de agotamiento del breve y frágil ciclo económico capitalista, que salía en falso de la crisis del 2008 (Toussaint, E.; 2020), aumentando la dimensión de sus lastres (baja rentabilidad, agotamiento del crecimiento de la productividad, alto endeudamiento –primero privado, después público [1]-, inversión inane, paro elevado y modelo laboral inestable y disciplinatorio, modelo productivo fosilístico, sistemas públicos adelgazados o semiprivatizados, etcétera).

Con todo, la pandemia está imprimiendo una forma propia a esta crisis, no sólo por el establecimiento de medidas de hibernación parcial de la economía, sino por el desorden e interrupción de las cadenas de suministro a escala internacional y de la cadena de valor capitalista. De hecho, las dificultades de reanimación de la economía serán severas en un contexto donde los capitales no esperan que haya rentabilidad en gran parte de sectores económicos, salvo en los sectores beneficiados (tecnológicas, farmacéuticas, distribución on-line y a domicilio, reformas inmobiliarias, determinados sectores alimentarios) por las circunstancias que imponen las prevenciones sanitarias.

Tasa de Beneficio Beneficio Resultado contable positivo neto fruto de la actividad de una sociedad. El beneficio neto es el beneficio después de impuestos. El beneficio a distribuir es la parte de aquél que puede ser repartido entre los accionistas. del capital (G-20)

Fuente: Michael Roberts (2020b)

Las previsiones más realistas contradicen claramente la idea de que el impacto macroeconómico vaya a adoptar la forma de una “V”. Su forma, en cambio, será similar al logo de Nike, de caída profunda y salida lenta (Lucia y Albarracín, 2020a)

Estamos ante uno de esos acontecimientos que modifican la estructura, tanto por romper los frágiles económicos equilibrios existentes como por las nuevas doctrinas aplicadas que, sin cuestionar el orden establecido, van a desarrollar lo que hemos denominado neoliberalismo de Estado.

Es aquí donde aparece lo público como institución decisiva, adoptando un papel protagonista y novedoso, no tanto por la inauguración de una nueva relación con lo privado, sino por su proporción. Frente a lo necesario, que lo público atienda las necesidades sanitarias, sociales y laborales de la población, y las urgencias de transición ecológica en el modelo energético y productivo, promoviendo una inversión pública alineada con estos objetivos, va a emplearse la financiación pública, mediante deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
y una fiscalidad regresiva, para que la parasite el negocio privado, en forma de préstamos baratos o semigarantizados, ayudas directas y contratación pública bajo fórmulas de cooperación público-privada, que ponen los recursos públicos al servicio del lucro privado.

La pandemia no sólo profundiza la crisis preexistente, sino que las medidas con las que se ha enfrentado pueden conducir a intensificar la concentración de capital, impulsando a las opacas y oligopólicas “grandes tecnológicas” y a encerrar geopolíticamente las economías ante la guerra comercial. A su vez, puede maniatar al mundo del trabajo al forzarle a aceptar condiciones laborales que aumentarían la tasa de explotación [2], en un contexto de alto desempleo, extensión del teletrabajo sin regulación garantista, y la continuidad de las reformas laborales o incluso la incorporación de nuevas medidas lesivas en materia del derecho al desempleo (mochila austríaca) y de pensiones (retraso de la edad de jubilación efectiva). Todas ellas son precondiciones para la recuperación de la tasa de beneficio del capital, objetivo de las clases dirigentes.

Estas cuestiones están sobre la mesa. Sólo una contestación organizada del mundo del trabajo –con la colaboración necesaria de movimientos sociales y fuerzas políticas transformadoras audaces-, podrán ponerle freno a los intereses de una minoría privilegiada. Sólo con una perspectiva política superadora, que se base en la organización de la sociedad civil, podrá ponerse en marcha un tipo de sociedad y economía que responda a las necesidades de la sociedad, la salud y el planeta.

 El blindaje de la arquitectura política de la UE

El diseño de la Unión Europea, a pesar de la propaganda y sus mitos fundadores, no está concebido para proteger a su ciudadanía en general, menos aún sus clases trabajadoras. Sus piedras angulares son la defensa de la libertad de movimiento de capitales y mercancías y, cuando y como convenga, la movilidad de personas dentro de sus fronteras, para lograr más rentabilidad y competitividad para sus empresas. Los aspectos de cohesión que pueda contener están muy lejos de contrarrestar la prioridad anterior.

Estos principios, alineados con el desarrollo de una economía capitalista, prácticamente irreformables tras el Tratado de Maastricht y el Tratado de Funcionamiento de la UE, han cobrado forma bajo una fórmula institucional consolidada bajo un sistema intergubernamental, donde las políticas e instituciones europeas plasman únicamente lo que es decidido por sus Estados miembros. En la práctica, estas decisiones se lideran por los grandes países en el Eurogrupo, un órgano fuera de toda ley y completamente antidemocrático. Las iniciativas relevantes exigen la unanimidad o el voto mayoritario cualificado para que puedan establecerse cambios, que suele dar pie a coaliciones limitadas de bloqueo (normalmente los Estados centroeuropeos, ordoliberales, y escandinavos, con una orientación neoliberal que trata de revertir su tradición socialdemócrata, o, de orientación reaccionaria, los países del Este del Club de Visegrado). Su procedimiento decisorio institucional formal comienza con propuestas de la Comisión Europea. Si bien, la última palabra es para el Consejo Europeo. El Parlamento Europeo apenas puede corregir aspectos menores, jugando un papel de legitimación política dentro de un marco muy delimitado.

Con este modelo de toma de decisiones, la UE blinda un funcionamiento que garantiza que la orientación económica de la UE siga con su piloto automático en caso de falta de acuerdo y avances nuevos. Si hay bloqueos el funcionamiento seguirá marchando. Cuando promueve iniciativas y reformas, algo bastante frecuente, lo hará dejando prácticamente intactos sus principios, dado que siempre deben respetarlos.

A su vez, la UE se ha dotado de una arquitectura económica que consiste en la articulación de:

  • Todo ello bajo el sello de la moneda única que conduce a una divergencia, para los que no se ha establecido mecanismos de compensación o corrección sustantivos, entre países centrales y, por otro lado, los bloques del Sur y del Este, convirtiendo en periferia dependiente a últimos y profundizando en la política de devaluación Devaluación Modificación a la baja del tipo de cambio de una moneda frente a otras divisas. interna (ajuste de salarios, derechos sociolaborales y servicios públicos) como vía competitiva de adaptación de las economías [4].

El BCE está operando como el principal instrumento de la UE en materia de política económica en esta crisis, prosiguiendo y profundizando la política monetaria conocida como de flexibilidad cuantitativa (QE). Esta consiste en facilidades de crédito formidables, a tipos de interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. reales negativos (y tipo nominal nulo) a los que sólo tiene acceso el sistema financiero privado, y la compra a gran escala de bonos corporativos Bonos corporativos Este término aglutina a las obligaciones emitidas por las empresas pertenecientes tanto al sector privado como al público. Esta definición tan amplia es utilizada por lo general por oposición a las obligaciones emitidas por los gobiernos de los Estados (governement bonds o govies en inglés) o de otro tipo de obligaciones provistas de una garantía particular, como por ejemplo las obligaciones hipotecarias. privados. Para este periodo, además de la creación de dinero masivo para la compra de activos y las facilidades de crédito, cabe resaltar la posibilidad de comprar deuda pública en los mercados secundarios, algo que contribuirá a abaratar los costes financieros del sector público, pero que sobre todo supondrá una fuente de negocio privado para la banca y para aquellos que transaccionen a gran volumen con bonos públicos en los mercados financieros. La banca privada, que tomará créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
a tipo real negativo por el BCE, podrá hacer negocio al ser el único actor que pueda financiar al sector público en la venidera emisión de deuda europea y de los Estados, que se augura de proporciones sin precedentes.

Christine Lagarde, al frente del BCE (Albarracín y Lucía, 2020b) ha puesto en marcha un bazooka de hasta 750.000 millones de euros más, que se añade a los programas inaugurados en la crisis anterior, –una fuente de financiación de mayor dimensión que el Fondo UE Next Generation –el aclamado Fondo Europeo de Recuperación-, pues comporta un total de 1,4 billones de euros movilizados, sin la condicionalidad que se le exige a los gobiernos. Esta política pretende estimular el crédito para la inversión, con el objetivo de paliar las consecuencias de la recesión. Sin embargo, como hemos ido viendo en los últimos 10 años, por mucho que el BCE inyecte dinero en la economía, si las expectativas de rentabilidad son bajas, dicho dinero alimentará circuitos de acaparamiento o especulación Especulación Actividad consistente en buscar ganancias bajo la forma de plusvalía apostando por el valor futuro de los bienes y activos financieros o monetarios. La especulación genera un divorcio entre la esfera financiera y la esfera productiva. Los mercados de cambios constituyen el principal lugar de especulación. y, especialmente, y cubrirá a las grandes empresas que adolezcan de pasivos financieros poco solventes [5]. Aunque esta política produzca un alivio en los tipos de interés de la deuda pública, promueve en la práctica, por una parte, un formidable rescate a las grandes corporaciones privadas, y, por otra, una concentración de capital sin precedentes, porque esta financiación no llegará al tejido empresarial al margen de las empresas-red transnacionales. Se trata de una política monetaria ultraexpansiva específica, que ni sigue una vocación postkeynesiana, por su clara vocación de rescate y financiación del sector privado, ni es comparable a la del Banco de Inglaterra, que cuenta con la soberanía sobre la Libra, por no llegar tan lejos en la monetización de la deuda. Esto permite combinar un rescate financiero para las empresas, sobre todo de los capitales centroeuropeos, con unas facilidades financieras para la periferia que sostengan las exportaciones de los países centrales, sosteniendo, por un tiempo, el poder de compra de los mercados destinatarios. Algo que ha debido estar en la mente de Merkel y Macron a la hora de cambiar de opinión sobre el Fondo de Recuperación Europeo. Cabe señalar que los países del Sur, en ausencia de una banca pública propia digna de tal nombre, serán más dependientes de esta financiación, tanto sus empresas como sus Estados. Llama poderosamente la atención la visión lacaya de los gobiernos del Sur, alineados con Francia y Alemania, que han descartado formar una coalición alternativa con una propuesta propia, mostrando una vez más su debilidad y falta de proyecto.

Por su parte, el Presupuesto Europeo, nutrido principalmente por contribuciones nacionales según el tamaño económico del país, alcanza una dimensión relativa muy pequeña, más aún tras la salida del Reino Unido. Los presupuestos están enmarcados, con techos inflexibles, por el Marco Financiero Plurianual (MFP). El próximo MFP estará dotado de tan sólo 1.074,3 millardos de euros para el periodo 2021-2027, a falta de ratificación por el Parlamento, una cifra inferior a la esperada de 1.134,58 millardos, que fue la propuesta de la Comisión Europea el pasado Febrero de 2020, lo que apenas ya representaba un 1,11% de la Renta Nacional Bruta (RNB) [6] europea, y por debajo del pasado MFP 2014-2020 que ascendía al 1,16% de la RNB europea. En la versión del Consejo, la más restrictiva de las instituciones europeas, el presupuesto no rebasaría el 1,074% del PIB Producto interno bruto
PIB
El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos.
de la UE, incluyendo recortes en materia de inversión sanitaria, investigación o transición ecológica. Presumiblemente será ligeramente superior, aunque testimonialmente, en su versión definitiva, tras las negociaciones con el Parlamento Europeo. Esto supone un recorte, en términos absolutos [7], mayor del esperado, sobre un MFP que, no lo olvidemos, ya incluía una reducción del 12% en el Fondo de Cohesión y del 14% de la Política Agraria Común [8].

El tercer pilar de la arquitectura económica europea ha descansado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Este exige políticas para limitar el déficit público al 3% del PIB y la deuda pública al 60% del PIB, una política que siempre es mucho más estricta con los países periféricos que con los centrales, que habitualmente incumplen con más frecuencia –algo que no suele decirse-. Tengamos en cuenta que la deuda pública media en la UE alcanza el 80,7% del PIB [9].

El PEC se ha suspendido hasta, quizá, 2023. Un hecho inédito, signo de la gravedad de la crisis, aunque seguirá su espíritu latiendo y aplicándose a través del instrumento del Semestre Europeo, que supervisa la política macroeconómica de los Estados Miembros en materia fiscal, presupuestaria y macroeconómica. Ni que decir tiene que esta suspensión temporal, una vez se agote, ya con unos parámetros disparados en el capítulo de déficit y deuda, tras un hundimiento del crecimiento y la recaudación fiscal, se traducirá, previsiblemente, en una serie de políticas públicas: recortes y ajustes de servicios públicos, así como de derechos sociales y laborales, un probable aumento de los impuestos indirectos, que son los que más perjudican a las clases que dedican más proporción de su renta al consumo. Algo con lo que el Banco de España estaría muy de acuerdo.

El colofón de esta arquitectura económica no fue otro que la circulación de la moneda única, que representa un sistema de tipo de cambios fijos irrevocables que beneficia las exportaciones de las potencias centroeuropeas, que ven abaratada así su moneda, y que supone un sobrecoste para los países con balanza de pagos Balanza de pagos La balanza de pagos corrientes de un país es el resultado de sus transacciones comerciales (es decir, de los bienes y servicios importados y exportados) y de sus intercambios de ingresos financieras con el extranjero. En claro, la balanza de pagos mide la posición financiera de un país en relación al resto del mundo. Un país que dispone de un excedente de sus pagos corrientes es un país prestamista respecto al resto del mundo. Inversamente, si la balanza de un país es deficitaria, ese país deberá dirigirse a los prestamistas internacionales a fin de pedir prestado para sus necesidades de financiación. deficitaria. Esta es fundamentalmente la condición de las periferias europeas que, además, desempeñan su actividad en actividades subalternas de la cadena de valor europea, dominada por Alemania y Francia, con menor productividad. La moneda única, en ausencia de una armonización fiscal progresiva, una política económica común sólida y redistributiva, y una política de convergencia real que contribuya una política común solidaria y a contrarrestar el ciclo económico, causa una divergencia permanente que incrementa la brecha entre economías, capitales transnacionales y nacionales y clases sociales.

 La respuesta de las políticas europeas ante la Covid-19

La UE ha planteado al menos cuatro instrumentos, algunos una mera extensión de algunos preexistentes, para abordar la crisis desencadenada por la pandemia.

Resulta importante señalar que las mareantes cifras mostradas por las instituciones europeas son estimaciones maximalistas del potencial financiero tras suponer un efecto multiplicador de aportaciones de capital realmente menores. Debemos tener en cuenta que no tiene el mismo efecto una inversión directa, una subvención de un gasto o un préstamo, así como también conviene estudiar la política de aportación de garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). y avales para emitir bonos en los mercados financieros, las condiciones de acceso o el destino de su uso admisible. Los denominados instrumentos financieros Instrumentos financieros Los instrumentos financieros son los títulos y contratos financieros.
Los títulos financieros son: títulos de capital emitidos por las sociedades por acciones (acciones, participaciones, certificados de inversión, etc.), los títulos de crédito, con excepción de papel comercial y certificados de depósito (obligaciones y títulos similares), las participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios).
Los contratos financieros, también denominados “instrumentos financieros a término” son los contratos a término sobre tipos de interés, los contratos de permutas (swaps), los contratos de futuros sobre todo tipo de mercancías, contratos de opciones de compra o venta de instrumentos financieros y todos los demás instrumentos de mercado de futuros.
(aportar un capital para respaldar una emisión de bonos) suele brindar un multiplicador financiero mayor, y de ahí la espectacularidad de las cifras, si bien rara vez se materializa en la práctica según se anuncia. Presupone un juego protagonizado por la banca, especuladores y empresas, que operan con un dinero respaldado por recursos públicos, dejando por el camino comisiones, pagos de préstamos fallidos, e inversiones públicas preferentes no realizadas. Además, sus consecuencias y beneficiarios no son los mismos, porque los préstamos conllevan endeudamiento y normalmente benefician a corporaciones privadas que pueden acceder a los mismos, promoviendo soluciones rentables de mercado. Mientras, las subvenciones y las inversiones públicas directas suelen ser orientadas a políticas que no están sujetas necesariamente al negocio privado, salvo cuando se movilizan mediante fórmulas de cooperación público-privada.

Así, ante la pandemia, la Unión Europea estableció inicialmente ayudas financieras de hasta 540 mil millones (Lucia y Albarracín, 2020b), cuyo grado de uso depende de lo que soliciten los Estados Miembros en última instancia, de la siguiente manera:

● Programas a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Los Estados aportarán un fondo de 25.000 millones adicionales para este programa. Con la emisión de bonos en los mercados, garantizados por ese capital público, podría disfrutar de un efecto multiplicador de hasta 200.000 millones en forma de préstamos avalados para empresas a escala europea.

● Programa SURE. 100 mil millones se destinarán para cubrir los costes salariales derivados de la paralización de la actividad económica. Podría servir “para cubrir los ERTE” para el caso español bajo la financiación del programa de ayudas de la UE al desempleo, respaldado por garantías públicas de los Estados hasta en un 25%, y que nace sin vocación de ser un sistema de reaseguro de desempleo europeo.

● Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con 240 mil millones de euros (Albarracín, D.; 2020) [10] de potencial de préstamo total, y un máximo del 2% del PIB para cada país [11]. Se trata de préstamos sujetos a condicionalidad mediante un memorándum de entendimiento y control de la Troika Troika Troika : el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo , exigiendo el respeto a la disciplina fiscal y de gasto. La experiencia de Grecia en 2015, entre otras, es la más conocida. Todos los Estados podrán acceder, siempre y cuando se comprometan a gastar el dinero en temas relacionados con la atención médica. Prevemos que este recurso será utilizado una vez se agoten los demás, al ser el que más compromisos acarrea.

A renglón seguido, y a falta de ratificar y concretar en el Parlamento Europeo y Consejo Europeo, el pasado Julio, el Eurogrupo alcanzó un acuerdo para movilizar un Fondo de Recuperación europeo, denominado Next Generation EU, que, por primera vez, empleará como garantía al presupuesto europeo para emitir deuda pública europea, por un potencial financiero de 750.000 millones de euros. Esto es, lo que se ha decidido es crear un macroinstrumento financiero respaldado por el presupuesto europeo, lo que resulta una novedad frente al viejo sistema intergubernamental canalizado por el BEI.

De aquellos, 390.000 millones de euros lo serán en forma de transferencias, lo que equivale a apenas el 0,7% de la producción económica de la UE en tres años (Kucharz, T. 2020). El resto lo sería en forma de préstamos. A estos se recurrirá menos, o posteriormente, dado que la política monetaria del BCE va a facilitar financiarse barato en los mercados financieros.

Los paquetes económicos [12] bajo el Fondo UE Next Generation se organizarán en programas. Serán los siguientes:

  • Fondo de recuperación y resiliencia (RRF), será el principal con un total de 672,5 mil millones de euros, de los cuales 360 mil millones son préstamos y 312,5 mil millones de euros serían transferencias. Financiaría programas definidos por los gobiernos que superen el visto bueno del resto de los Estados Miembros.
  • ReactEU: 47,5 mil millones de euros. Apoyará iniciativas cuyo perfil no está apenas definido y que podría dar cabida a fórmulas de capitalismo verde, que podrían beneficiar a las compañías energéticas y afines, y de economía digital [13].
  • Horizonte Europa: 5 mil millones de euros. Iniciativas de investigación y ciencia.
  • InvestEU: 5,6 mil millones de euros. Para promocionar la inversión, sobre todo privada, en la UE. La experiencia dice que financia inversión que de todos modos se haría, concentrándose en aquellas economías más rentables.
  • Desarrollo rural: 7,5 mil millones de euros
  • Fondo de Transición Justa (JTF): 10.000 millones de euros. Promoverá inversiones públicas y privadas concebidas en el Pacto Verde Europeo, acorde a los parámetros de capitalismo verde criticados por Daniel Tanuro (2012).
  • RescEU: 1.900 millones de euros. Se trata de un mecanismo de protección civil que en esta ocasión tratará de suplir también la carencia de equipos médicos, mediante la producción, la compra y el almacenaje centralizado.

En suma, los destinos de utilidad social, en materia sanitaria y ecológica, que son los que representan una prioridad, apenas tienen reservado 11.900 millones de euros para toda la UE, y además bajo un formato susceptible de negocio para la iniciativa privada en buena parte.

La definición de nuevos recursos propios, impuestos para financiar el presupuesto europeo, está por decidirse. Se habla de un impuesto sobre el plástico, de permisos para contaminar, de derechos de emisión de carbono a empresas importadoras, que el Consejo Europeo dice que podría, en suma, recaudar 31.000 millones de euros anuales, y que ni recaudarán lo suficiente, ni resolverán por sí mismos el problema climático y que representan impuestos regresivos. Más en el aire están el impuesto de transacciones financiera, la tasa Google o cierto tramo armonizado del impuesto de sociedades, que serían, aunque insuficientes y lejos de una fiscalidad progresiva o una cooperación fiscal armonizada (Albarracín, Merlo y Lucia, 2020), más interesantes.

El Fondo Next Generation EU permitirá a los gobiernos proponer su programa económico susceptible de ser financiado. No estará la Troika, pero su espíritu penetrará toda la iniciativa. No sólo las instituciones europeas tendrán que validarlo, sino que además contará con un freno de emergencia que cualquier Estado Miembro puede activar si considera que otro país rompe los principios del acuerdo, una combinación entre la reactivación privada de la economía y la capacidad de devolución de las deudas. El espíritu de la Troika no estará encarnado por el BCE, FMI FMI
Fondo monetario internacional
El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.

A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

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o la Comisión Europea directamente, sino que se sentará en cada gabinete de gobierno, autocensurándose, o vendrá a posteriori vigilado por el potencial veto de alguno de los gobiernos insolidarios, como Países Bajos o Austria, celosos de que se acaten los principios de austeridad en las políticas públicas.

Si esto no fuera suficiente, no sólo se mirará para otro lado al incumplimiento de los derechos humanos en los países del Club de Visegrado, como Hungría o Polonia, también se persistirá en los descuentos para los países centroeuropeos, que ya existían como el conocido y extinto cheque británico, para que no tengan que contribuir lo que les corresponde aportar al presupuesto europeo. Hasta 1.124 millones de euros anuales dejarán de aportar los países “frugales”, que han servido para disuadirles para que admitan este Fondo. Así ha sucedido con Países Bajos (cuyo descuento compensatorio aumenta de 1.576 a 1.921 millones anuales), Dinamarca (de 197 a 377), Austria (de 237 a 565) y Suecia (de 798 a 1.609). Alemania permanece como estaba (3.671 millones de euros anuales).

En total, estimamos un máximo de financiación de estas medidas de 1,29 billones de euros que sumados a la política de préstamo y compra del BCE, supondría un total de 1,94 billones de euros potencial, lo que redondeando podría suponer el 13,9% del PIB europeo, siempre y cuando consideremos que estos estímulos lo serán durante unos seis años, y que seguramente no podrán aprovecharse ni la mitad. Para comparar, en variación interanual del segundo trimestre de 2020, la UE se desplomó un 14,4% del PIB respecto al mismo periodo del año anterior. El restablecimiento de la economía será lento. Dicho de otra manera, la política pública europea esta lejísimos de poder hacer frente, ni por su dimensión ni por su contenido, a esta crisis, ni a las que vendrán.

 ¿Los fondos europeos como el maná para la política estatal?

El Estado español podrá acceder a 140.000 millones de euros, durante seis años, de los cuales 72.700 millones serán transferencias (Hernández-Ranera, 2020), que será la cifra que se tomará antes, y es la que más importa. Una cifra significativa, pero a una distancia enorme de lo necesario, más aún cuando toda la política económica del gobierno desarrollada, que disparará la deuda pública a cuanto menos al 115,6% en 2021, veinte puntos más en un solo un año, ha confiado su cobertura a los fondos europeos, renunciando a una política propia basada en una reforma fiscal progresiva de alcance –se descarta el impuesto sobre grandes fortunas o una elevación fuerte del tipo efectivo del impuesto de sociedades-, sin impulsar una política de inversión pública robusta en materia sanitaria, educativa o de cambio de modelo energético, quedándose en mejoras poco significativas, y descartando la revisión de los compromisos de deuda pública, por ejemplo, o el artículo 135 de la constitución.

Difícilmente, dado que las políticas nacionales están a la espera de los fondos europeos para sufragar sus iniciativas, y no se prevé ninguna política fiscal ambiciosa, se podrá esperar que el sector público pueda estar a la altura de la crisis económica, energética o climática, y tampoco lo estará de esta crisis causada por la pandemia. Mucho nos tememos que el resultante de todo esto será una combinación de deuda pública, futuros Futuros
Contrato a término
Un contrato a término o futuros (futures en inglés) es un compromiso firme de entrega normalizado, donde las características son conocidas de antemano, por una cantidad determinada de un activo subyacente definido con precisión, en una determinada fecha, denominada vencimiento, en lugar prefijado, y negociado en un mercado a término organizado. Los contratos a término son los instrumentos financieros que más se negocian del mundo.
recortes de servicios públicos, ajustes salariales, desempleo y quizá nuevos paquetes de impuestos indirectos. En el ámbito de las políticas sanitarias, previsiblemente se profundizará con la política de cooperación público-privada, esto es, de financiación con dinero público de la provisión de servicios privados, muy extendida por gobiernos como el de Madrid, Galicia, y crecientemente el de Andalucía. Y, ante estas circunstancias, le llegará la hora al ámbito central: el laboral y de los derechos sociales.

Tampoco se destinarán los escasos recursos habilitados a una gran política de inversión pública sociosanitaria, de cuidados y para la transición energética o cambio de modelo productivo. Las medidas de escudo social planteadas, aun cuando sean un elemento diferencial del gobierno español, ni son suficientes, ni está llegando como se decía, ni resuelven los problemas de fondo, y, ante una política fiscal o de cuestionamiento de las deudas ausentes, elevarán la deuda del próximo periodo. Y las deudas de hoy, serán los recortes y la mercantilización de lo común, la precarización de los derechos laborales, la intensificación del trabajo y la desigualdad social de mañana.

Mientras no se actúe con contundencia contra los privilegios de la minoría capitalista y las políticas que les sirven, con regulaciones, expropiaciones y democratización de sectores enteros, la tendencia correrá hacía ahí, en un contexto donde las tasas de desempleo se disparan y el poder de negociación del mundo del trabajo se debilita.

La crisis económica, profundizada por la pandemia, ha generado un contexto muy grave de socialización de pérdidas, costes laborales y deudas privadas que han ido a parar a las espaldas del erario público. La interrupción del Pacto de Estabilidad es coyuntural. Una vez pase la crisis sanitaria, se acabe el periodo excepcional y el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento vuelva a ser de aplicación, volverá la Troika o una política equivalente.

En ausencia de un fondo solidario suficiente, por ejemplo, un amplio fondo soberano supranacional mancomunado y redistributivo, para impulsar una política de inversión pública centrada en el área sociosanitaria y el cambio de modelo productivo, la crisis será fuerte y duradera, y el aumento de la deuda pública implacable. 

Una vez más, las clases trabajadoras no pueden seguir confiando en quien se mueve atenazado por horizontes estrechos, el miedo, la desconfianza en las clases populares y la pobreza de sus ideas y que no organiza a la sociedad civil para los retos a los que se enfrenta, en términos de transformación. Los y las trabajadoras deben irrumpir en escena, organizándose, confiando en sí mismos como clase, sacando lecciones y poniendo en pie una propuesta de política democrática que pase por tomar y dirigir de manera solidaria, sostenible, inclusiva y alternativa los medios económicos en los espacios de trabajo, el ámbito público y los bienes comunes Bienes comunes En economía los bienes comunes se caracterizan por un modo de propiedad colectiva, que se diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública. En filosofía hacen referencia a aquello que comparten los miembros de una misma comunidad, ciudad o la propia humanidad, desde un punto de vista jurídico, político o moral. .

Nos encontramos a la mayor crisis que el capitalismo se haya podido enfrentar en su funcionamiento. Ante esta tesitura, debe cuestionarse el diseño de la arquitectura institucional, decisoria y económica de la UE. No cabe otra solución que construir una alianza tanto a escala estatal como internacional para llevar a cabo soluciones cooperativas y favorables a las clases populares, la salud pública y la biosfera, desobedeciendo en cada país los Tratados Europeos que las impiden. Estas tendrán que hacerse al margen de las instituciones europeas tal y como están definidas, desbordándolas y construyendo una institucionalidad que las supere, haya donde sea posible, quizá comenzando por los pueblos periféricos en amplia alianza con las clases trabajadoras organizadas y solidarias haya donde estén.

Bibliografía:




Notas

[1No sólo deuda pública estatal, sino también europea, en tanto que el BCE disponía, a finales de 2018 2,1 billones de deuda soberana, comprada en los programas QE a cada país tendentemente al peso de su economía. A esta deuda habrá que sumarle la emitida a través del nuevo Fondo de Recuperación.

[2No olvidemos que la UE como mercado, está aplastada por la pinza de la guerra comercial entre EEUU y China, y el único camino que parece ensayarse es el de aumentar la tasa de explotación del trabajo, una vez fracasadas otras políticas agotadas dentro del capitalismo.

[3“Entre 2011 y 2018, recomendó 105 veces a los estados miembros de la UE que recortaran las pensiones y 50 veces que tomaran medidas contra los aumentos salariales. En 63 ocasiones, la Comisión incluso pidió que se recortara y privatizara el sistema de atención de la salud”. (Kucharz, T. 2020)

[4Curiosamente, los tribunales alemanes opinan lo contrario, al afirmar que el capital alemán cuenta con tipos de interés reales mayores que los países periféricos, que tienen una inflación mayor. Cabe decir, que los tribunales alemanes y el Bundesbank reflejan aquí los intereses del capital alemán que opera en su mercado nacional, y no en el europeo, y, ni que decir tiene, que este supuesto perjuicio, a todas luces menor, es superado con las ventajas que le reporta al capital alemán orientado a la exportación en Europa.

[5La deuda privada de las empresas comporta ya el 110% del PIB en la Eurozona (Husson, M.; 2020).

[6Debe tenerse en cuenta que mientras que el PIB cuantifica la producción total llevada a cabo en un espacio económico, independiente de la residencia del factor productivo que la genera; la RNB, por el contrario, solo incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición.

[7Debe observarse que en términos relativos va a resultar difícil una estimación del peso en la economía europea, al resultar de difícil estimación la Renta Nacional Bruta europea de los próximos años, que puede sufrir un notable descenso por la depresión que atravesamos.

[8No debemos dejar de recordar que el nuevo presupuesto proporciona fondos securitarios y para la militarización europea: 23.000 millones de euros más para el cierre de las fronteras externas y 20.000 millones más para la industria armamentística. (Kucharz, T., 2020).

[9Alemania “se endeudará 118.700 millones por encima de lo permitido por la regla fiscal anclada en la Constitución alemana. Asimismo, la deuda alemana alcanzará en 2020 el 77 % del PIB, claramente por encima del 60% definido como límite en el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea” (Kucharz, T., 2020)

[10En Marzo de 2020

[11El MEDE cuenta con 80.000 millones de capital que hasta la fecha le permitía emitir bonos con un potencial de préstamo de hasta 500.000 millones de euros.

[13La economía digital representa un abanico dispar de iniciativas alineadas con las nuevas tecnologías, la automatización, el teletrabajo, la robotización, y otras fórmulas de la denominada IV Revolución industrial que, por cierto, conlleva un consumo energético imposible de asumir generalizadamente en el contexto de la crisis energética.

Daniel Albarracín

Es economista y sociólogo, miembro del Consejo Asesor de la Revista Viento Sur y de la Comisión de Economía Política de Anticapitalistas, participa en la iniciativa ReCommonsEurope.
Miembro del Truth Committee on Greek Debt. Ha sido asesor en el Parlamento Europeo y profesor universitario (UCM y UC3M)

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