Ante los recurrentes atropellos cometidos en los procesos de endeudamiento contra sociedades pobres y las repercusiones sufridas, ha surgido en la conciencia ciudadana de muchas latitudes la doctrina de la ilegitimidad de la deuda y su cuestionada exigibilidad.
Al momento, no se tiene una definición jurídica de la deuda ilegítima, pero resultan innegables e impugnables las maniobras fraudulentas, las imposiciones abusivas, la violación a la soberanía y derechos de los pueblos. Es así como la doctrina de la ilegitimidad continúa enriqueciéndose cada vez más con aportes intelectuales, investigaciones, estudios y testimonios de casos; así como por la acción incansable de grupos sociales, religiosos, estudiantiles que propugnan que las deudas injustas e ilegítimas no deben ser reembolsadas.
Para constatar los procedimientos dolosos y los impactos en conglomerados humanos sometidos al estigma de la deuda ilegítima, la doctrina sostiene la necesidad de emprender auditorías que integren múltiples aspectos a indagar, que se examine todas las fases de los procesos de endeudamiento, desde sus orígenes hasta el destino real, los verdaderos beneficiarios, los costos financieros y sociales y las afectaciones ambientales, culturales y a grupos humanos de mayor vulnerabilidad.
Sobre la base de la experiencia ecuatoriana que realizó la auditoría integral a gran parte de la deuda pública, por decisión y apoyo del Gobierno Nacional, se ofrece, en este trabajo, una descripción de la metodología aplicada y sugerencias de variaciones necesarias para obtener los mejores resultados posibles.
Se conjugan en esta propuesta metodológica el carácter eminentemente político de la auditoría integral, bajo criterios definidos en la doctrina que lo sustenta, con el respaldo de instrumentos técnicos, como la formulación de un plan general de auditoría y planes específicos de investigación y análisis para cada grupo de créditos, según clasificaciones vigentes y nomenclatura internacional.
Si bien se proponen modalidades de aplicación general, se estima que, en cada caso, habrá situaciones particulares conforme el escenario político, legal, institucional e histórico que se vaya a auscultar.
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