Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo
CADTM

Argentina. ¿La deuda pública condiciona la política económica?

30 de marzo de 2010 por Julio C. Gambina

La economía argentina volvió al crecimiento según los datos del INDEC de enero del 2010. El crecimiento de enero contra el mismo mes del año pasado es de 4,9%, aunque el acumulado de los últimos 12 meses respecto al acumulado de igual periodo anterior es de 1,1%; y enero del 2010 respecto de diciembre del 2009 es de 0,4%.

Es aún prematuro definir por donde avanzará la economía el presente año, pero es probable que los datos del crecimiento económico estén por encima de la pauta establecida en el Presupuesto del 2010, fijada en 2,5% en el presupuesto aprobado por el Parlamento. Claro que fue una pauta pensada en pleno proceso de desaceleración de la economía a mediados del 2009 y que incluso se pensaba exagerada.

Parece necesario reevaluar el Presupuesto del 2010, discutiendo las asignaciones presupuestarias, de ingresos y egresos en función de objetivos de redistribución progresiva. Los valores presupuestarios indican la mayor importancia del destino de los mismos a la cancelación de la deuda pública Deuda pública Conjunto de empréstitos contratados por el Estado, corporaciones territoriales, empresas públicas y organismos de la Seguridad Social. en lugar de destinarlos a educación, salud o ciencia. Lo que pone en evidencia nuestra hipótesis del gran condicionante de la deuda sobre la política económica.

Una reevaluación presupuestaria podría generar una discusión en la sociedad y generar un movimiento popular favorable a una distribución progresiva del ingreso vía asignación de las cuentas públicas. Entre otras cuestiones, una suspensión de los pagos de deuda hasta tanto se sustancie una “auditoria” del conjunto de la misma.

Recordemos que la Argentina creció de manera importante entre 2003 y 2007 (a tasas entre 8,5% y 9%) y que, en 2008 comenzó una desaceleración agudizada en 2009 (apenas con crecimiento según el INDEC) al punto de revertirse el año pasado la tendencia decreciente de los datos sociales, pobreza, indigencia, desempleo, trabajo no regularizado, entre otros. Son 145.000 los puestos de trabajo perdidos el pasado año, principalmente en la industria, dice el ente oficial.

Por eso tanta expectativa en los nuevos registros de crecimiento, que se confirmarían para el primer trimestre del 2010, y la discusión por favorecer un nuevo ciclo inversor para mantener y acrecentar la recuperación económica.

La política económica busca atraer inversores y para eso se propone “regularizar su situación externa, volviendo a los mercados internacionales”. Con ese objetivo, se reabre el canje, se busca renegociar con el Club de París y se espera el momento adecuado para cumplir con las suspendidas auditorías del FMI desde el 2006. Es preciso enfatizar, en que estas son las razones por las que afirmamos que la deuda es un condicionante importante, más allá de la disminución comparativa con datos macroeconómicos, tal como ensaya Alfredo Zaiat en su artículo de Página12 del sábado 27 de marzo pasado.

Inflación y poder para fijar precios

Con el crecimiento de la economía (PBI) pueden ocurrir cambios en el consumo, en la inversión y en el saldo de la balanza de pagos Balanza de pagos La balanza de pagos corrientes de un país es el resultado de sus transacciones comerciales (es decir, de los bienes y servicios importados y exportados) y de sus intercambios de ingresos financieras con el extranjero. En claro, la balanza de pagos mide la posición financiera de un país en relación al resto del mundo. Un país que dispone de un excedente de sus pagos corrientes es un país prestamista respecto al resto del mundo. Inversamente, si la balanza de un país es deficitaria, ese país deberá dirigirse a los prestamistas internacionales a fin de pedir prestado para sus necesidades de financiación. . En la coyuntura lo que existe es una tendencia al crecimiento del consumo, una propensión baja a las inversiones y escasos indicadores de variaciones en las relaciones con el exterior. El problema es que se expande el consumo y con él los precios, lo que nos lleva al problema de la inflación. Es un debate en por lo menos dos terrenos, el del consumo y el de los precios.

Sobre el consumo, una de las explicaciones en boga relata el impacto positivo en los sectores de menores ingresos por la “asignación por hijos” que se viene pagando desde diciembre pasado. Un consumo, mayoritariamente, orientado a bienes de primera necesidad, especialmente alimentos. Pero también crece el consumo de bienes de uso durables, es el caso de los automotores o electrodomésticos, como así, también, cierta reactivación en el sector inmobiliario y la construcción, producto del cambio de activos como forma de protección ante posibles modificaciones de política cambiaria.

El consumo crece y eso genera posibilidades por el lado de la ampliación de la producción, siendo un problema el establecimiento de los precios, que esteriliza mecanismos de asignación de recursos para sectores desfavorecidos. En el mismo sentido se argumentan los rechazos patronales a los ajustes de sueldos pues invariablemente las patronales lo derivan a los precios.

Lo que se detecta es que los precios aumentan, precisamente en los bienes de primera necesidad, los alimentos, siendo la carne el ejemplo evidente en estos días. La política oficial se concentra en el control de precios de una canasta de bienes para el consumo de sectores de bajos ingresos. Así encontramos precios establecidos entre empresas y gobierno para evitar el encarecimiento. Pan y carne por ejemplo, aunque sea difícil encontrarlos en góndola, existen, y eso es lo que refleja la medición del INDEC. Lo que tenemos es una política de asignación de recursos a sectores menos favorecidos y una pauta controlada de algunos precios para evitar impacto inflacionario en esos sectores.

El problema de fondo sin embargo es el patrón de producción y comercialización concentrado en grandes empresas, que son las que fijan los precios del conjunto de la economía, más allá de las mediciones del INDEC. Si no se ataca la cadena de producción y comercialización monopolista será muy difícil controlar el encarecimiento, que resulta un mecanismo de distribución del ingreso a favor de quienes pueden fijar precios.

Esto queda claro en la puja salarial de estas horas. Mientras la inflación se presume de un dígito en la pauta oficial, los reclamos salariales promedian entre el 25 y 30%, porque aun existiendo precios controlados, la pauta de consumo de la población se extiende al conjunto de bienes y servicios (no contemplada en la metodología del INDEC), donde los precios se establecen bajo la pauta mercantil de la oferta y la demanda, siendo las grandes empresas productoras y comercializadoras las que definen el precio de venta.

Sin atacar el poder de monopolio de productores de bienes y servicios y grandes comercializadoras no podrá contenerse la inflación y aleja la posibilidad de una equitativa distribución del ingreso. Ese monopolio es ejercido por corporaciones transnacionales y grupos económicos de origen local que hegemonizan la producción y circulación en el capitalismo realmente existente en la Argentina, como base material de su dominación social.

El peso de la deuda

Los grupos y empresas mencionadas son clase dominante por su poder en la economía y demandan la “normalización” de la inserción en el capitalismo global.

Por eso, es que cierran filas con las iniciativas de vuelta a los mercados financieros mundiales, de donde nuestro país se alejó luego de la cesación parcial de pagos de la deuda pública de fines del 2001. Como así, también, celebran la autorización otorgada en EEUU a la reapertura del canje de deuda en el país. Se descuentan decisiones similares de otras regiones del capitalismo desarrollado, especialmente de Europa y Japón. El resultado será la inminente reapertura del canje cerrado en el 2005.

El reconocimiento de deuda a canjear incrementará el endeudamiento en unos 10.000 millones de dólares. Se supone que solo una parte de acreedores que reclaman 20.000 millones de dólares más sus intereses, estimados en otros 10.000 millones, se presentará al canje. De ese total de acreedores que ingresen a la propuesta oficial se operará una quita y el resultante se incorporará como capital a cancelar, junto a los correspondientes intereses.

Es cierto lo que algunos argumentan por estas horas, con relación a que la deuda disminuyó su incidencia en la economía, pero se equivocan al inferir la perdida de “condicionalidad” frente de la política económica. Es un argumento esgrimido por algunos seguidores del oficialismo, los que suscriben el Plan Fénix y algunos periodistas afines al gobierno, intentando legitimar el pago de deuda pública con reservas.

Solo alcanzaría con observar algunas cifras del Presupuesto 2010. Para un total de gasto público por 273.129 millones de pesos, el monto establecido para Salud alcanza los 10.160 millones de pesos, un 3,72% del total mencionado. El gasto en Educación y Cultura asciende a 19.431 millones de pesos, un 7,11% del gasto. Para Ciencia y Técnica es de 5.175 millones de pesos, representando un 1,89% del presupuesto. Por su parte, la Deuda pública reconoce una asignación presupuestaria de 26.676 millones de pesos, es decir, un 9,76%. Queda claro que el Parlamento consideró y aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que asigna esas contribuciones diferenciales, definiendo la importancia de unos y otros conceptos.

En esos valores no se cuenta la inminente reapertura del canje. En ese sentido puede incluirse la negociación que pueda habilitarse en el presente año con el Club de París por unos 7.000 millones de dólares. Son anuncios hechos público desde el año pasado y que pueden incluir compromisos de desembolso en el corriente año. Son datos que contradicen el argumento de que “la deuda se ha vuelto manejable”, ya sea por la disminución de la incidencia del stock de deuda reconocido por las autoridades respecto del PBI, por una mayor nominación en pesos y un alargamiento de los plazos de vencimiento y un menor porcentual con relación a las reservas internacionales. Estas son todas variables a modificar si se operan nuevos endeudamientos, como los que resultan de la reapertura del canje en ciernes, o la búsqueda de nuevos empréstitos del sistema financiero mundial que busca la normalización en danza.

No se considera que la deuda fue varias veces cancelada y que una de las explicaciones del gran crecimiento entre el 2003 y 2007 se funda en la exclusión parcial de pagos entre 2002 y 2005 producto del default y en la devaluación de la moneda.

Las clases dominantes están por el pago y solo debaten la mejor forma de hacerlo. Ese es el debate al que nos convocan las mayorías parlamentarias, a favor o en contra de decretos y leyes para utilización de reservas internacionales.

Definir otro camino

Sin embargo, existe una presión social y política por auditar la deuda pública, en simultáneo a la suspensión del pago y a la convocatoria a una consulta popular sobre el endeudamiento. Esta es una medida que debe ir acompañada con la aceleración de la inserción de la Argentina en las iniciativas regionales por una Nueva Arquitectura Financiera sostenida entre los países del ALBA. Es el camino de una nueva Banca de desarrollo donde se ubica el Banco del ALBA y el Banco del Sur; o la perspectiva de nueva moneda, en el camino que sugiere el SUCRE.

Parte de estas consideraciones estarán a las puertas del Congreso el próximo 30 de marzo, en conmemoración de la movilización de los trabajadores de 1982, días antes de la maniobra de la dictadura en Malvinas.

En aquella ocasión el movimiento de trabajadores levantaba la consigna del No pago de la deuda contra la dictadura.

Ahora, bajo regímenes constitucionales, se hace necesario discutir a la deuda como gran condicionante de la política económica.

Apuntamos a habilitar el pensamiento emancipador, que alienta el desarrollo soberano de un nuevo modelo de producción para un consumo que satisfaga insatisfechas necesidades de la mayoría empobrecida.

29 de marzo de 2010

Julio Gambina es Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Doctorando en Ciencias Sociales en la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Director del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina, CEFJA e integrante del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores en la Argentina, IEF-CTA.

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